Si algo le faltaba al gobierno de Nicolás Maduro es el de restringir los derechos ciudadanos a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un poder presuntamente independiente pero que a la vista de las “interpretaciones” de la Carta Magna – siempre favorables al gobierno – deja en claro que está subordinado al poder político.
Peligrosamente el TSJ, ha venido “cambiando” el sentido de lo que dice la Constitución e interpretando a su antojo medidas que favorecen al gobierno en detrimento de las libertades y derechos de los ciudadanos venezolanos. Esto lleva a pensar que estamos ante un régimen que emplea métodos tipicamente estalinistas.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela a través de la Sala Constitucional, ha dictaminado que “cualquier concentración, manifestación o reunión pública que no cuente con el aval previo por parte de la respectiva autoridad competente para ello, podrá dar lugar a que los cuerpos policiales, a los fines de asegurar el derecho al libre tránsito y otros derechos constitucionales, actúen dispersándola con el uso de los mecanismos más adecuados para ello, en el marco de lo dispuesto en la Constitución y el orden jurídico”.
“Ese derecho político no es absoluto”
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, “interpretó” el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual dispone en su primera parte que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley; reconociendo en la decisión que ese derecho político no es absoluto y, por ende, admite restricciones para su ejercicio al ordenar que el mismo se ejerza conforme a las previsiones de Ley.
Asociación de Alcaldes por Venezuela considera que TSJ incurre en violación de derechos ciudadanos
Junto a los alcaldes de El Hatillo, David Smolansky, y de Sucre, Carlos Ocariz, el jefe del ayuntamiento baruteño, Gerardo Blyde, señaló que la reciente sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual ordena que para ejercer el derecho a la protesta hay que solicitar permiso a las autoridades, lo que hace es criminalizar la protesta, al solicitar –además- a las municipalidades a acudir al Ministerio Público para señalar a ciudadanos que realicen manifestaciones sin autorizaciones.
Reacciones
Henrique Capriles: “Este gobierno dice ser de izquierda y actúa como un gobierno de extrema derecha. Un gobierno de izquierda no limita al pueblo para que proteste por sus derechos. Esta sentencia del TSJ revela que en Venezuela hay un gobierno de la más extrema derecha. Es lamentable que ellos pretendan ahora que haya que pedir permiso para buscar soluciones a los problemas. En Miranda jamás he mandado preso a nadie por pensar distinto o por protestar”, dijo el líder opositor y gobernador de Miranda.
María Corina Machado: La diputada opositora dijo en una red social que los miembros del Tribunal Supremo, presidido por Gladys Gutiérrez Alvarado, pretenden que le pidamos permiso a Maduro para protestar contra su régimen. Venezolanos tenemos derecho a la protesta y lo seguiremos ejerciendo y agregó “TSJ pretende que en Vzla sólo se proteste cuando lo “autorice” el Estado….cómo le tienen terror a la calle”. También escribió: “Derecho a protesta en Vzla lo niega Maduro,lo impide GNB y grupos paramilitares; ahora también Tribunal Supremo de “Justicia”.
La legisladora venezolana puntualizó en Twitter: “El único derecho q nos queda a los venezolanos es el de la protesta.Derecho humano universal consagrado en art 68 d nuestra Constitución”.
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