El obsecuente Tribunal ya no puede disimular más que recibe órdenes del Gobierno, a pesar de las expresiones de su presidenta, Gladys Gutiérrez Alvarado, que respondió algo que nadie cree, al ser consultada si la justicia venezolana está subordinada al Gobierno: “Es un tópico que es repetido, que no nos distrae del cumplimiento de nuestros deberes y obligaciones establecidas en las leyes y en la Constitución. Queda patente en todas las actuaciones del Poder Judicial la independencia con la que actúa (…) lo que si es cierto es que hemos dado cumplimiento al principio de colaboración entre los poderes, trabajando de manera coordinada y armónica”, dijo Gutiérrez sin el mínimo asomo de vergüenza.
El periódico El Universal señala que las palabras de Gutiérrez contrastan con los hechos. Desde que en 2003 la Sala Constitucional le ordenó al Gobierno devolverle la extinta Policía Metropolitana (PM) a la Alcaldía Metropolitana de Caracas esa instancia no ha dictado otro fallo que vaya en contra de una decisión o de los intereses del Ejecutivo.
Por su parte, un estudio elaborado por el profesor Antonio Canova reveló que de cada 100 particulares que acuden a la Sala Político Administrativa para demandar decisiones del Estado menos de diez prosperan, indicó un artículo de dicho diario.
Es tan burda la maniobra del presunto Tribunal de Justicia que en su “ignorancia premeditada”, dejan de lado el informe reciente de la OEA, donde destaca que la práctica de ceder la silla a otra persona para que pueda exponer en la Asamblea General, es algo utilizado por los países y menciona que incluso Venezuela utilizó este sistema, durante el gobierno de Chávez en 2009, cuando acreditó en la OEA a Patricia Rodas, política hondureña de izquierdas, canciller de la República de Honduras hasta que fue secuestrada y depuesta del cargo durante el Golpe de Estado en Honduras de 2009 que apartó al presidente Manuel Zelaya del poder.
El exmagistrado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte-IDH), Asdrúbal Aguiar, señaló que el artículo 149 que invocó el autoritario presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, para despojar de su investidura a Machado, “se refiere básicamente a los funcionarios de carrera dentro de la administración pública, quienes ingresan y están sometido al estatutos de la función pública. María Corina Machado es una representante de la soberanía popular”.
“En relación al artículo 191 que expresa que los diputados no pueden aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, se refiere a que Machado no podría ser ministro ejerciendo a la vez su función de parlamentaria”, explicó.
El régimen chavista controla todos los poderes, a instancias de las arbitrariedades de Maduro y Cabello, mientras los venezolanos sufren las consecuencias de sus desvarios.
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