Capriles aseguró que mientras exista caos y problemas en Venezuela las protestas continuarán. “Las manifestaciones no se van a detener por una sentencia. En una comunidad donde falla el agua, la luz, los habitantes no tienen que pedir permiso para exigir soluciones. Imagínense que deban pedir permiso los vecinos de una comunidad que llevan dos días sin luz para protestar. Mientras existan problemas sin soluciones, habrá un pueblo protestando en las calles. El año pasado en Venezuela se dieron 5 mil protestas. Ahora vienen con una sentencia a prohibir un derecho que es constitucional. Eso lo que busca es darle una respuesta a la situación del municipio Libertador en donde el alcalde ha negado las manifestaciones, y generar un obstáculo a las movilizaciones de los estudiantes”, dijo.
Asociación de Alcaldes por Venezuela considera que TSJ incurre en violación de derechos ciudadanos
Junto a los alcaldes de El Hatillo, David Smolansky, y de Sucre, Carlos Ocariz, el jefe del ayuntamiento baruteño, Gerardo Blyde, señaló que la reciente sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual ordena que para ejercer el derecho a la protesta hay que solicitar permiso a las autoridades, lo que hace es criminalizar la protesta, al solicitar –además- a las municipalidades a acudir al Ministerio Público para señalar a ciudadanos que realicen manifestaciones sin autorizaciones.
“Los ciudadanos participan a determinada Alcaldía sobre alguna manifestación, eso es simplemente dan aviso, notificación, parte, y corresponde a los alcaldes aceptar esa participación. Las Alcaldías no tienen potestad para autorizar manifestaciones. Además de eso, no puede calificarse una manifestación sin autorización como un acto de desobediencia. Dónde quedan las manifestaciones espontáneas, aquellas comunidades que protestan porque han quedado sin luz, sin agua, que no reciben gas. Este viernes protestaron gremios profesionales en el municipio Libertador. ¿Esos trabajadores –que no contaron con autorización- incurrieron en un acto de desobediencia o están reclamando sus derechos?”, explicó el alcalde de Baruta.
Argumentó que con esta interpretación que realizó el Tribunal Supremo de Justicia se deformó el estado de derecho, se cambió y se modificó la ley. “La Sala Constitucional no tiene funciones de legislar”, destacó el integrante de la Asociación de Alcaldes por Venezuela. La sentencia también ordena que las policías municipales actúen en el control de las manifestaciones.
Indicó que la Asociación de Alcaldes por Venezuela solicitó a cancilleres de países de UNASUR una reunión para explicar cómo esta sentencia viola el derecho de los ciudadanos de manifestar de manera pacífica. “Vamos a explicarles que esta decisión va contra el pueblo, al igual que la de encarcelar a los alcaldes elegidos en diciembre pasado, Enzo Scarano (San Diego) y Daniel Ceballos (San Cristóbal)”, concluyó Blyde.
María Corina Machado
La diputada opositora dijo en una red social que los miembros del Tribunal Supremo, presidido por Gladys Gutiérrez Alvarado, pretenden que le pidamos permiso a Maduro para protestar contra su régimen. Venezolanos tenemos derecho a la protesta y lo seguiremos ejerciendo y agregó “TSJ pretende que en Vzla sólo se proteste cuando lo “autorice” el Estado….cómo le tienen terror a la calle”. También escribió: “Derecho a protesta en Vzla lo niega Maduro,lo impide GNB y grupos paramilitares; ahora también Tribunal Supremo de “Justicia”.
La legisladora venezolana puntualizó en Twitter: “El único derecho q nos queda a los venezolanos es el de la protesta.Derecho humano universal consagrado en art 68 d nuestra Constitución”.