Ecuador rechaza injerencia de senadores de EE.UU en asuntos internos del país

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Quito, (Andes) – El bloque de asambleístas del movimiento oficialista Alianza PAIS rechazó el contenido de una carta remitida por un grupo de ocho senadores estadounidenses al presidente Rafael Correa en la que critican la sentencia contra un legislador de oposición y sus asesores y la no continuidad de varios proyectos de la USAID, entre otros temas.
Los senadores republicanos Robert Menéndez, Marco Rubio, Mark Kirk, James Inhofe y John Cornyn y por los demócratas Richard Durbin, Timothy Kaine y Patrick Leahy firmaron la misiva que generó la reacción del bloque de asambleístas de Alianza PAIS.
A través de una misiva firmada por 100 asambleístas (el bloque mayoritario en la Legislatura) se recomienda a los senadores extranjeros preocuparse más bien por las falencias en la efectiva vigencia de los derechos humanos y las masivas y graves violaciones en esa materia practicadas por Estados Unidos.
Los parlamentarios ecuatorianos explican que el político Cléver Jiménez y sus asesores Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa no fueron sancionados por sus opiniones sino por imputaciones que fueron calificadas por la justicia como maliciosas, falsas y temerarias al acusar a Correa de un delito de lesa humanidad (que no prescribe y se puede juzgar en cualquier parte del mundo).
“Hacemos un llamado a la conciencia crítica sobre el tema porque no se puede, de ninguna manera, aceptar o concebir que se levanten falsas acusaciones amparadas en una supuesta y mal entendida libertad de expresión”, hacen notar los legisladores oficialistas quienes defienden también la decisión de no acatar las medidas cautelares solicitadas por la CIDH en favor de los sentenciados.
En 2011, Jiménez y sus asesores Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa denunciaron al presidente Correa ante la Fiscalía por crímenes de lesa humanidad, asegurando que el mandatario ordenó a los militares rescatarlo a sangre y fuego de un hospital donde fue retenido por policías sublevados el 30 de septiembre de 2010.
Luego de que la Fiscalía considerara esa denuncia como “maliciosa y temeraria”, el gobernante demandó a sus acusadores por injurias, cargo por el que fueron condenados en una decisión ratificada por la CNJ el pasado 14 de enero.
Jiménez también se encuentra envuelto en un supuesto complot para interceptar correos del jefe de Estado.
USAID
Los asambleístas responden también a la afirmación de los senadores estadounidenses sobre un supuesto obstáculo creado por Ecuador en la relación con EEUU por la decisión soberana del estado ecuatoriano de no continuar la ejecución de nuevos proyectos de la USAID hasta la firma de un nuevo acuerdo bilateral.
Sobre este punto manifiestan que tanto en EEUU como en todos los demás países del mundo, la política de Ecuador es la de firmar y ejecutar convenios de cooperación para realizar este tipo de actividades.
Recalcan que el estado ecuatoriano le pide a EEUU que cumpla con lo que exige a los demás estados de la comunidad internacional y que se trata de una decisión legítima y justa del Ecuador, no un “innecesario obstáculo”.
En otra parte de la carta, los asambleístas oficialistas expresan su “rechazo frontal” a la injerencia manifestada por los senadores estadounidenses “en asuntos que no son de su incumbencia”.
“Más aún por cuanto en su propio país existen enormes falencias en la efectiva vigencia de los derechos humanos, y en cuanto al respeto a la jurisdicción de las cortes internacionales y a sus dictámenes en defensa de los citados derechos, asunto que a ustedes tanto parece preocuparles”, señalan.
En este punto recalcan que EEUU ha venido practicando masivas y graves violaciones a los derechos más fundamentales de la persona humana, tanto dentro de sus fronteras, como fuera de ellas.
Y citan, por ejemplo, la reiterada negativa de Washington para someterse a la competencia de la Corte Penal Internacional y del sistema interamericano de protección e derechos humanos.
“Creemos que si su preocupación fuese coherente y sincera, ustedes deberían concentrar sus esfuerzos en poner fin a estas violaciones que afectan a la humanidad entera y a sus propios ciudadanos. En ese esfuerzo, encontrarán todo nuestro apoyo y el de la comunidad internacional”, concluye la carta en la que se reitera el apoyo a la política internacional del gobierno de Correa.