Asunción, IP.- El Decreto 1350/14 de reglamentación de la Ley 5102/13 establece la creación de una Unidad de Alianza Público Privada, que se encargará de llevar adelante el estudio de los proyectos prioritarios para el Estado y el llamado a la licitación correspondiente.
Asímismo otra modalidad que se contempla se refiere a los que surjan de la iniciativa privada que requerirá de su estudio y declaración de interés público por medio de Decreto del Poder Ejecutivo y posterior licitación, con una ventaja de 3 a 7 puntos para el proyectista. En este caso, si la adjudicación no se produce a la empresa proyectista la que salga adjudicada, tendrá que resarcirle a la otra por el estudio de prefactibilidad y factibilidad.
Las explicaciones de los pormenores de la reglamentación fueron dadas a conocer en Palacio de López por el secretario ejecutivo de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), José Molinas, y el asesor de la Presidencia, Marcelo Duarte.
Explicaron que se prevé que en algunos casos la concesión de una obra por la oferta a la baja en casos muy especiales. Asimismo, se refiere al nivel de exigencia para empresas nacionales y extranjeras y en el caso inclusive de las empresas extrajeras que no pueden trasladar toda una infraestructura para ejecutar una obra, es una oportunidad para las firmas nacionales de hacer negocios.
En cuanto al financiamiento de las obras en un 90% deberá ser absorbido por las empresas públicas y el Estado sólo puede endeudarse a hasta un 10%, es decir hasta donde está previsto el riesgo de endeudamiento para el sector público.
En cuanto a las posibles discrepancias en calidad técnica del proyecto, se contará con expertos que determinarán el nivel de las falencias o efectividades. No se descarta también utilizar otras herramientas como los laudos arbitrales para dirimir diferencias, excepto los casos de lesión de confianza, mal desempeño de un funcionario u otros hechos punibles.
Equipo de gerenciamiento
En cuanto a la Unidad de APP se formará un equipo de muy alto nivel, con personal calificado que permitirá agilizar el estudio de los proyectos, trabajando en equipo y acortando los plazos de análisis y evaluación.
Cabe descartar en este punto que todas las propuestas que surjan de la iniciativa privada además del proceso ya mencionado anteriormente en cuanto al análisis, serán sometidos al dictamen del ministerio sectorial, sea el de Obras Públicas y Comunicaciones o Hacienda, dado el caso.
Riesgos de la inversión
Otro aspecto importante que también se establece en la reglamentación y expresamente en la propia legislación se refiere al margen de riesgo sobre el conjunto de los proyectos prioritarios que impulsara el gobierno.
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