Alexandr Pavlov, quien trabajó como jefe de seguridad de un dirigente de oposición y alto ejecutivo kazajo, fue detenido por las autoridades españolas en 2012 después de la emisión de una “notificación de alerta” de Interpol solicitada por Kazajistán. Pavlov es acusado de delitos de malversación de bienes y de organizar un supuesto atentado terrorista que nunca se llevó a cabo.
El 18 de noviembre del 2013, la Audiencia Nacional española aprobó la extradición de Pavlov. Sin embargo, la decisión final recaía en el Consejo de Ministros, que autorizó la entrega del requerido a Kazajistán, pero recursos presentados por su abogados ha detenido momentáneamente la extradición.
El informe del relator de la ONU sobre torturas, Juan E. Méndez, señala ciertas irregularidades como el insólito hecho que se permitió que Pavlov fuera visitado en prisión en España por diplomáticos del gobierno kazajo, quienes también han insistido ante miembros de la Audiencia Nacional, según reporta el relator de la ONU y señala que si fuera extraditado, “existen motivos fundados para pensar que estaría en peligro de persecución, tortura y malos tratos”
Los relatores de la ONU, piden al Gobierno de España detener la extradición de Alexandr Pavlov a su país y al Consejo de Ministros que tenga en cuenta la apelación de Pavlov, debido a temores bien fundados de que el requerido estaría en riesgo de ser torturado o sometido a un juicio injusto si es extraditado.
En enero de este año, el el Relator Especial de la ONU sobre la tortura, Juan E. Méndez había señalado que “Todos los países deben asegurarse de que no existe riesgo alguno de persecución, tortura o trato degradante e inhumano al aprobar la extradición de un individuo” y agregó que “España debe de adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e integridad física del Sr. Pavlov”.
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