El consejero de la Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha considerado estas leyes “una reforma encubierta de la Constitución, sin la transparencia necesaria” y “un gran acto de cinismo por parte de aquellas que se llenan la boca defendiendo la”. Homs ha pedido al Gobierno que sea “honesto” y aplique su programa de transformación “de cara” y no “por la puerta trasera”.
“La situación es grave para nuestro autogobierno”, ha alertado Homs, ya que las leyes tienen como objetivo “desnudar” el Gobierno catalán de la “capacidad de decidir” en cuatro ámbitos competenciales “muy importantes” para el país: la Administración , la educación, el modelo económico y la política medioambiental.
Por este motivo, tanto el Govern como las Diputaciones expresarán su rechazo a este intento de recentralización por parte del Estado en el acto de conmemoración del centenario de la Mancomunidad, que se celebrará el próximo seis de abril.
El Govern interpondrá los recursos después de que el Consejo de Garantías Estatutarias emitiera dictámenes contrarios al ajuste de varios puntos de estas leyes a la Constitución española y el Estatuto de autonomía de Cataluña. “Jurídicamente es indiscutible lo que está pasando”, ha asegurado Homs.
El impuesto sobre las viviendas vacías propiedad de las entidades financieras
El Gobierno catalán ha aprobado este martes la memoria preliminar del anteproyecto de ley para crear un impuesto sobre los pisos vacíos. Esta iniciativa tiene por finalidad estimular las entidades financieras propietarias de una importante bolsa de pisos para que los pongan en alquiler, una medida “ampliamente reivindicada por la sociedad y por el mundo local”, según ha destacado el consejero de Territorio y Sostenibilidad, San Vila, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno.
Se calcula que el impuesto afectará como mínimo 15.000 pisos en manos de entidades financieras en los 70 municipios con una mayor demanda de vivienda y se estima que tributará una media anual de entre 850 y 1.650 euros por vivienda vacía, unos 13 millones de euros anuales que se destinarán a políticas de vivienda consensuadas con el mundo local.
La cuota del impuesto se establecerá según la superficie construida de las viviendas vacías: Hasta 10.000 m 2 de viviendas vacías, el impuesto oscilará entre 3 y 6 euros / m 2; hasta 10.000 m 2 y 50.000 m 2 de viviendas vacías, entre 7 y 10 euros / m 2 ya partir de los 50.000 m 2 de viviendas vacías, entre 11 y 20 euros / m 2.
Vila ha asegurado que el impuesto no tiene una voluntad recaudatoria sino que busca “estimular un parque de viviendas que ahora tenemos injustificadamente inmovilizado”. Así, el anteproyecto prevé un conjunto de bonificaciones, que van del 10% al 75% de la cuota en función de cuántos pisos vaya poniendo en alquiler el titular, bien directamente o bien cediendo a bolsas de mediación para el alquiler social a las administraciones o las entidades sociales.
El Anteproyecto de ley prevé aplicar el impuesto en el caso de viviendas desocupadas durante más de dos años sin causa justificada. El consejero Vila ha querido hacer notar que quedarán “exentos” del tributo las personas físicas, las administraciones públicas y las entidades del tercer sector de la red de inclusión social. Se prevé que el anteproyecto de Ley comience su trámite parlamentario a principios de verano para que el impuesto se pueda empezar a aplicar a lo largo de 2015.
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