Sobre la baja de la edad de imputabilidad penal a los 16 años en Uruguay

En octubre se plebiscita la reforma constitucional que propone llevar la edad de imputabilidad penal a los 16 años. Elecciones internas mediante este es un tema del que hay que expresar opinión sin escurrir el bulto. Se incluye también en la reforma el instituto de rehabilitación independiente del INAU, así como mantener los antecedentes penales de los menores en conflicto con la ley. El tema es complejo y se dibujan dos posiciones: quienes respaldamos la misma desde el sector Todos Hacia Adelante y el Partido Colorado, y Alianza Nacional y el Frente Amplio (FA) que dicen “no a la baja”. Hay un problema no resuelto con respecto a los menores que participan en delitos muy graves, que nadie puede negar. Ocultarlo no mejora el problema. Que la simple baja de la imputabilidad, por sí sola y aislada, tampoco soluciona el problema también es cierto. Sostener cualquiera de las dos cosas es una simpleza. Pero algo hay que hacer.
La reforma es un camino positivo para enfrentar uno de los problemas más serios que tenemos por delante. Durante estos años el FA tuvo mayorías absolutas y no intentó nada, no tuvo voluntad política. El Código Penal cumplirá 80 años. Defender hoy que la madurez y la inserción en la sociedad de un joven de 16 o 17 años es igual en 1934 que en 2014, es insostenible. Son los mismos años de vida, pero Uruguay y el mundo cambiaron mucho y la información de una persona a esa edad es totalmente diferente hoy que en 1934, y con ello su capacidad de discernir. Ese es el centro del tema. Por eso lejos de eslóganes simples, adecuar las normas legales a una realidad que cambió no debería ser motivo para rasgarse las vestiduras.
Sostener que se estigmatiza a los jóvenes no resiste el menor análisis. Si así fuera quiere decir que el poder “estigmatizador” del Código Penal haría que a partir de los 18 años hoy todos estuviéramos “estigmatizados” porque todos somos imputables. ¡Por favor! El Código castiga a los que delinquen, no a la abrumadora mayoría de los adultos que son inocentes. Lo mismo será en esta propuesta de reforma. Está hecha también para defender, entre otros, a la inmensa mayoría de los muchachos que muchas veces son víctimas de otros jóvenes que son victimarios, y que actúan con conocimiento de la gravedad de sus actos.
¿En esos casos los que dicen no a la baja pretenden tratarlos con los mismos criterios de 1934, pero en 2014? Los muchachos también quieren vivir tranquilos, salir de noche, ir a bailar o caminar por las calles sin otros que impunemente los lastimen. Es justamente una propuesta para defender a la sociedad no para dejar que los malos, pocos, sigan limitando la libertad de la inmensa mayoría, jóvenes y adultos.
Espero que el argumento de oponerse por los tratados internacionales sea una broma de mal gusto porque hace pocos meses el gobierno violó todos los que existen con respecto a la marihuana. Estos son temas soberanos, que se deciden en virtud de nuestras realidades como otros fijan las edades de imputabilidad más arriba o más abajo según las suyas. Pero defender tratados cuando les sirve y pisotearlos cuando no les sirve, no vale. Decir no a la baja es legítimo, pero ¿qué se propone y por qué no se hizo? Seguir como en 1934 no parece una buena solución para la inseguridad hoy. El FA no quiere y los que quieren no pueden por sus ataduras internas, ahora es la hora que la gente decida.