“El gobierno está solo en esta pelea. No observo ningún actor político de la oposición que defienda nuestra posición con respecto a la defensa del bolsillo de los consumidores. Tampoco observo de parte de los trabajadores organizados apoyo hacia el gobierno para cuidar los precios”, advirtió el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en una entrevista publicada este domingo por Tiempo Argentino.
En la entrevista, Capitanich responde a temas puntuales de la situación en Argentina:
–¿Cuáles son los desafíos que tiene el país por delante?
–El nivel de reservas en la Argentina hoy es más que suficiente. El promedio de la década fue de U$S 36 mil millones, durante la Convertibilidad fue de U$S 22 mil millones. Tenemos la memoria impregnada, desde la convertibilidad monetaria, para establecer una relación teórica entre reservas y base monetaria. Argentina tiene 6,6% de desempleo, 6 millones de nuevos puestos de trabajo. En definitiva, el crecimiento del PBI, de la producción, del empleo, es lo que efectivamente hay que sostener a través del tiempo. Argentina tiene tres cuestiones que resolver en los próximos tres años, que están en proceso de solución. Recuperar el autoabastecimiento energético. Eso equivale a un ahorro de U$S 8000 millones. Además, promover una industrialización acelerada sobre la base de la sustitución de importaciones a los efectos de garantizar sustentabilidad en la balanza de divisas. Es necesaria una reconversión de la industria automotriz. Eso significaría un ahorro adicional de U$S 8000 millones. Hay que seguir expandiendo las exportaciones, aumentarlas y diversificarlas.
–¿Quiénes son los grandes opositores del gobierno?
–El arco opositor en la Argentina está integrado por grupos mediáticos concentrados y económicos concentrados. No es una oposición de carácter política. No tiene sustentabilidad desde el punto de vista de la construcción de alternancia.
–¿Y qué poder real tiene el gobierno hoy para evitar una crisis?
–Este gobierno tiene el aval de casi el 55% de los votos el 23 de octubre de 2011 y una ratificación el 27 de octubre de 2013, en la que obtuvo el 34% de los votos y mantuvo la primera minoría. Ha aumentado el número de diputados, tiene mayoría en Diputados y en Senadores, además de 17 gobernadores propios y aliados. Cuenta con la mayoría de los intendentes, los Concejos Deliberantes y las Legislaturas provinciales. El gobierno tiene un poder político muy consolidado.
–¿Pero no es peligroso para el gobierno que no se observe una alternancia política que mantenga el modelo económico?
–El gobierno tiene la fortaleza de la legitimidad en el origen de sus votos, la legalidad en la construcción del poder institucional y a su vez la capacidad de decisión y de liderazgo político. Tenemos una presidenta que ejerce el liderazgo político con firmeza, dedicación y contracción.
–Al gobierno le quedan dos años de mandato, ¿ustedes se han planteado cómo es la continuidad?
–Tenemos un sistema político consolidado, con liderazgo excluyente. Tenemos un sistema económico cuyas decisiones se han tomado con un hilo conductor, tendiendo a cumplir metas de política económica. En ese contexto se produce la decisión en materia de política cambiaria, de administrar el tipo de cambio con flotación administrada para establecer un tipo de cambio de convergencia razonable en virtud de los objetivos de política económica. Eso implica la estabilidad y previsibilidad para avanzar, conjuntamente con la política monetaria y fiscal, en seguir trabajando en los objetivos de política económica. Todo eso, sumado, consiste en una clara definición política. Y tiene que ver con la adopción de determinados instrumentos. ¿Por qué el gobierno tiene una oposición sistemática, dura y concentrada? Porque la presidenta tuvo el coraje de estatizar los fondos de las AFJP: eso implicó que grupos financieros no utilizaran esos fondos como parte de su estrategia de financiamiento para aumentar situaciones de concentración. Cuando tomó la decisión de nacionalizar YPF, fue también una decisión estratégica para lograr autoabastecimiento energético en un contexto en el que la República Argentina tiene la segunda reserva de shale-gas en el planeta, con Vaca Muerta y otros descubrimientos que se harán. Cada decisión política tiene implicancias económicas. Entonces, los grupos que se oponen tenazmente al gobierno son aquellos que fueron afectados por decisiones estratégicas con un sentido nacional, popular y profundamente patriótico.
–La oposición sostiene que las medidas económicas no tienen resultados porque el gobierno perdió credibilidad.
–Lo que pretenden la oposición y los medios de la oposición es que uno diga lo que ellos quieren que diga. Quieren que la presidenta haga lo que ellos quieren. Pero para eso hay un problema. Antes, tienen que ganar elecciones. El ataque sistemático de los medios concentrados busca afectar los parámetros de credibilidad y confianza. Esto funciona así en el mundo. Los únicos que no se dan cuenta de esto son los dirigentes de la oposición, porque creen que a ellos no les va a tocar, por su marcada incapacidad para construir alternativas. Saben que nunca les va a tocar (gobernar) si siguen así. Los grupos mediáticos concentrados, articulados con grupos del poder económico nacional e internacional, promueven procesos sistemáticos de agresión. Y lo hacen desde diferentes usinas. Desde el rumor hasta la acción psicológica en la población. La perspectiva de debilitamiento implica la posibilidad de influir en las decisiones. Por eso se producen los golpes de mercado, los ataques especulativos, con el objeto de establecer procesos de depreciación de activos financieros y reales. Eso les permite adquirir esos bienes a un precio determinado, promoviendo una mayor concentración, y así tener una mayor sofisticación en los mecanismos de influencia. El resultado del proceso es que los gobiernos se convierten en empleados de los grupos económicos. En estos diez años ha habido una gran diferencia. Tanto Néstor como Cristina no han sido empleados de las corporaciones, han tenido decisión autónoma. Y en virtud de ello han afectado múltiples intereses. La reducción de entre U$S 75 mil millones y U$S 81 mil millones de la deuda permitió mayor inclusión, mejor distribución del ingreso e industrialización. Esto debería ser reconocido por el pueblo.
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