El Parlamento Europeo ha aprobado este martes las nuevas normas que facilitarán el embargo y decomiso de los bienes y activos procedentes de actividades delictivas. Actualmente, las autoridades nacionales incautan menos de un 1% de las ganancias de delitos como el tráfico de drogas y de personas, la falsificación y el contrabando de armas de pequeño calibre. Esta ley, acordada con los Estados miembros, permitirá la incautación de bienes relacionados con la corrupción, ya sea en la esfera pública o privada.
“Nuestra prioridad debe ser la de seguir el dinero a través de las fronteras y decomisar las ganancias de los criminales. Sólo entonces podremos cumplir nuestro objetivo de reducir la delincuencia grave. El encarcelamiento de algunos delincuentes mientras se deja el dinero sucio en circulación es intolerable”, ha dicho la ponente, Monica Luisa Macovei (PPE, Rumanía). El texto ha sido adoptado con 631 votos a favor, 19 en contra y 25 abstenciones.
Corrupción
Estas nuevas normas permitirán que los países confisquen bienes adquiridos a través de delitos como la corrupción en el sector privado, los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las instituciones europeas o de los Estados miembros, la participación en una organización criminal, la pornografía infantil o el cibercrimen.
Decomiso de bienes
La nueva ley exige a los Estados miembros que permitan el decomiso de activos de origen delictivo tras una condena definitiva. Además, las autoridades podrán incautarse de estos bienes incluso si el sospechoso o acusado está enfermo o ha huido.
Decomiso de terceros
El decomiso de productos transferidos a un tercero podrá realizarse cuando esta persona “supiera o debiera haber sabido que el bien constituía un producto de actividades delictivas o que se le había transferido con objeto de evitar su decomiso y se le había entregado de forma gratuita o transferido a cambio de un importe inferior a su valor de mercado”.
Utilización de bienes
El texto subraya que los Estados miembros deberían considerar la posibilidad de tomar medidas para permitir el uso de propiedades decomisadas para fines de interés público o social.
Próximos pasos
El Consejo todavía debe aprobar formalmente el documento en las próximas semanas. Los Estados miembros dispondrán de 30 meses para transponer la directiva a la legislación nacional. Irlanda asumirá las nuevas medidas, pero no lo harán el Reino Unido ni Dinamarca.
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