El Departamento de Enseñanza, tras recibir los autos, inmediatamente se puso en contacto con los directores y titulares de los cinco centros afectados. El lunes la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, se reunieron con los directores y titulares afectados, acompañados también del Secretariado de la Escuela Cristiana de Cataluña. Durante la reunión se acordaron los términos de la defensa del régimen lingüístico del sistema educativo de Cataluña.
Entre los aspectos destacados en el recurso existe la vulneración de la Constitución, ya que se considera que el Tribunal incurre en un exceso en el ejercicio de su jurisdicción porque no puede determinar el contenido discrecional de los actos administrativos, en referencia a la presencia del castellano como lengua vehicular en un 25%. En este sentido, el recurso también considera que se vulnera la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que, de manera reiterada, han considerado que es la Generalitat el organismo competente para determinar el uso de las lenguas en la enseñanza.
Otro de los argumentos que se indican en el recurso es la vulneración del Estatuto de Autonomía y de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) ya que los autos obligarían a crear grupos dentro de los centros con diferentes regímenes lingüísticos. En este sentido, la consellera Rigau ha reiterado en varias ocasiones la frase del pedagogo Alexandre Galí que está recogida en el Estatuto de Cataluña: “los alumnos tienen derecho a no ser separados en centros ni en grupos clase distintos por razón de su lengua habitual “. A este punto hay que añadir que la LEC también prevé el régimen de atención lingüística individualizada, un aspecto que no ha sido declarado inconstitucional y que, en cambio, los autos del TSJC dejan sin efecto.
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