El magistrado José Castro, del juzgado de instrucción número 3 de Palma, ha imputado a la hija menor del Rey de España, la Infanta Cristina, por un presunto delito de blanqueo de capitales y otro fiscal que habría cometido en su calidad de copropietaria de Aizoon, empresa que integraba con su marido, Iñaki Urdangarín, en la que se desviaron, se presume, más de un millón de euros públicos desde el Instituto Nóos.
Según el código penal español, el delito de blanqueo de capitales tiene una pena de cárcel de hasta seis años y una multa que podría llegar al triple de la cantidad de dinero blanqueado. El delito fiscal puede llegar a un máximo de cinco años de prisión y una marca una sanción económica de hasta el séxtuplo de la cifra no declarada al fisco.
En su resolución, el magistrado de Palma entiende que Iñaki Urdangarin dificilmente pudo realizar la defraudación sin conocimiento de su esposa que integraba la empresa y atribuye a la Infanta la actitud de “quien mira para otro lado”. En el auto judicial el juez señala que “la infanta tenía el control funcional de la sociedad al ser titular del 50% del capital social y por tal motivo podría estar en condiciones de impedir la defraudación a la hora de presentar las declaraciones del impuesto de sociedades de los años 2.006, 2.007 y 2.008. De acuerdo con este planteamiento la Infanta a partir de marzo de 2.006, o meses antes a esa fecha, ya debería saber que Aizoon no era una sociedad de profesionales y que ella y su marido la utilizaban para defraudar”, asegura el juez Castro.
La hija del Rey deberá declarar en el juzgado de Palma el próximo 8 de marzo a las 10.00 horas.
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