La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de España ha aprobado una declaración institucional en la que señala que “amparará expresamente” a todos los miembros de la carrera que lo demanden “frente a actuaciones o críticas injustificadas” y que, en cualquier caso, “apoyará de manera expresa en el ejercicio de sus cometidos” a los Jueces y Magistrados.
En el texto, el CGPJ recuerda que el ejercicio del poder jurisdiccional está, como todos los demás, sometido a la crítica pública, pero añade que “bajo el amparo de la libertad de expresión no pueden justificarse actuaciones que pretendan influir de manera burda, denigrar injustamente o poner en entredicho con argumentos groseros la imparcialidad o independencia” de los Jueces y Magistrados.
A continuación se reproduce íntegramente la declaración aprobada:
“El Consejo General del Poder Judicial, en el ejercicio de la potestad constitucional de proteger la independencia de los/las integrantes de la Carrera Judicial, pone de manifiesto lo siguiente:
En un Estado democrático de derecho, los/las Jueces/zas y Magistrados/as, como titulares del Poder Judicial, asumen la decisiva e indispensable labor de proteger y garantizar los derechos y libertades en condiciones de independencia, imparcialidad y responsabilidad, constituyendo precisamente el ejercicio independiente, imparcial y responsable de la jurisdicción su fuente de legitimidad democrática.
La confianza pública de que los/las Jueces/zas y Magistrados/as puedan efectivamente desarrollar sus cometidos conforme a las exigencias de la Constitución, es un objetivo merecedor de la máxima protección, y justifica los numerosos pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional reclamando de todos los agentes públicos y de la ciudadanía en general, el necesario respeto a la actuación de los órganos judiciales.
En una sociedad democrática todo ejercicio del poder, y el jurisdiccional no es una excepción, está sometido a la crítica pública, pero bajo el amparo de la libertad de expresión no pueden justificarse actuaciones que pretendan influir de manera burda, denigrar injustamente o poner en entredicho con argumentos groseros, la imparcialidad o independencia de Jueces/zas y Magistrados/as, ya que dichas actuaciones, no sólo desconocen el respeto debido a quienes sufran el acoso, sino que socavan uno de los fundamentos esenciales del orden constitucional: la legitimidad de los miembros del Poder Judicial y la confianza social en su actuación.
Opinión
