El Tribunal de Cuentas de España entendió como irregular en su momento, el aval público entregado por el gobierno de Rodríguez Zapatero en 2009 a la empresa española Sacyr, con el fin de hacerse cargo de las obras de ampliación del Canal de Panamá ya que según el Tribunal, no cumplía a pleno los requisitos instrumentados en las condiciones generales de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce).
Según publica hoy el diario El Mundo de España, el Estado avaló 150 millones de euros a Sacyr y lo hizo en contra del criterio de los servicios técnicos de la compañía pública aseguradora Cesce e incumpliendo procedimientos y normas, según un detallado informe del Tribunal de Cuentas.
El artículo expresa que el gobierno socialista se decidió a apoyar financieramente la victoria en el concurso de la constructora española Sacyr en el proyecto de ampliación del Canal de Panamá.
La aseguradora Cesce, que tiene la mayoría accionarial del Estado, asegura en la fianza que Panamá cobraría si no se acaba la obra, fianza que en teoría, la aseguradora luego se lo cobraría a Sacyr, punto en que el Tribunal de Cuentas entiende como riesgo que finalmente podría convertirse en una factura para el Estado no solamente por las irregularidades constatadas en el proceso de contratación del seguro, teniendo en cuenta la «situación económico-financiera» de la constructora española.
El informe del Tribunal de Cuentas de España señala: «A pesar de lo manifestado por la Entidad [Cesce] en fase de alegaciones, se incumplieron en la práctica prescripciones de las Condiciones Generales obligatoriamente aplicables a dicha clase de seguro; y, al estar en curso los riesgos cubiertos por la operación, no se puede determinar en este momento la trascendencia económica de la operación para el Estado»
Este lunes la ministra de Fomento española, Ana Pastor, se reunirá en Panamá con autoridades de la administración del Canal y con el presidente de ese país en un intento de mediación ante el anuncio del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por Sacyr de paralizar las obras de ampliación, si no reciben un incremento económico, mayor al acordado, de parte del gobierno panameño, debido, según el GUPC, al alza de la materia prima para la construcción.
El presidente de panameño, Ricardo Martinelli intervino para señalar, “Yo voy hasta la conchinchina a pelear por los intereses de Panamá ya que esta obra se tiene que concluir porque es uno de los proyectos marítimos más importantes y tanto los gobiernos de España e Italia están dispuestos a ayudar a que se resuelvan estas anomalías”, sostuvo el mandatario.
Opinión
