El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea y regula el Consejo Estatal de la Pequeña y la Mediana Empresa (PYME), un órgano colegiado de carácter consultivo, con amplia representatividad de las Administraciones Públicas y de los distintos agentes económicos y sociales.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que será un órgano esencial en la “interlocución con los pequeños y medianos empresarios” y un instrumento para coordinar las políticas de apoyo a las Pymes tanto del Estado como de otras administraciones públicas.
Sáenz de Santamaría ha aclarado que el Consejo “no generará ninguna duplicidad, por su naturaleza transversal” y será un “foro a gran nivel para la planificación, coordinación y ejecución de políticas de apoyo a las Pymes”.
La creación del Consejo Estatal de la Pyme se suma al conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno “para favorecer la expansión y la competitividad de la pequeña y mediana empresa”, según ha indicado la vicepresidenta.
Normativa fiscal
El Gobierno ha aprobado un Real Decreto por el que se modifican varios preceptos de cinco reglamentos: los que afectan al Impuesto sobre Sociedades (IS), al IRPF, al Impuesto sobre la de Renta de No Residentes (IRNR), al Reglamento General de Recaudación y al Reglamento General de Actuaciones y Procedimiento de Gestión e Inspección Tributaria.
La vicepresidenta ha explicado que, aunque el Gobierno tiene previsto hacer una reforma tributaria más general el próximo año considera oportuno “desarrollar en especial algunos aspectos, como la Ley de Emprendedores, para dar seguridad jurídica y facilidades de gestión”.
En lo que afecta al IRPF y al desarrollo de la Ley de Apoyo a Emprendedores, Sáenz de Santamaría ha indicado que se regula la financiación privada y profesional a través de las empresas de nueva y reciente creación y de los llamados business angels. El llamado inversor de proximidad tendrá una deducción del 20% por invertir en empresas de nueva creación. La base de la deducción es el valor de la adquisición de las acciones o participaciones con un importe máximo de 50.000 euros anuales. También tendrán derecho a una exención del 100% por las ganancias obtenidas si a su vez lo reinvierte en otra empresa de nueva o reciente creación.
Por otra parte, las empresas con un volumen de negocio inferior a 10 millones de euros podrán deducirse de la cuota íntegra del Impuesto sobre sociedades hasta un 10% de los beneficios obtenidos en el periodo impositivo que se reinvierta en la actividad económica. Será aplicable ya a beneficios que se generen a partir de periodos impositivos desde el 2013.
La vicepresidenta ha detallado que “el número de beneficiarios potenciales es de 200.000 personas físicas y 185.000 sociedades de reducida dimensión”.
Sáenz de Santamaría también ha señalado que se modifican algunos plazos de ingresos tributarios. A partir de 2014, las retenciones e ingresos a cuenta, que deben efectuar las empresas con un volumen de negocio superior a los 6 millones de euros, y que se generan en el mes de julio deberán ingresarse en agosto, en lugar de septiembre, para evitar desfases de tesorería Con esta medida el Tesoro se ahorra 25 millones de euros.
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