Chevron quiere que EE.UU. presione a Ecuador para no responder por contaminación en la Amazonía

Quito,(Andes).- Documentos desclasificados dejan al descubierto el intenso cabildeo de la transnacional Chevron ante autoridades del Departamento de Estado de Estados Unidos para presionar a Ecuador y eludir su responsabilidad por la contaminación ambiental causada tras la operación de Texaco en la Amazonía del país andino entre 1964 y 1990, según destaca la agencia estatal de prensa, Andes.
La información obtenida por el abogado Ted Folkman proveniente del Bureau of Economic and Bussiness Affairs (Oficina de Asuntos Económicos y de Negocios) y del Bureau of Western Hemisphere Affairs (Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental) estadounidenses, muestra una fotografía completa de los intensos contactos al más alto nivel entre Chevron y el gobierno de EE.UU.
Directivos de Chevron plantearon utilizar la negociación del Tratado de Libre y la extensión de las Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDEA) como herramienta de presión para que Ecuador descargue a la compañía de su responsabilidad por los daños causados.
Folkman reveló detalles de sus hallazgos en Letters Blogatory, un reputado blog dedicado a la asistencia judicial internacional al que la Asociación de Abogados de EE.UU. (American Bar Association) reconoció como uno de los mejores blogs legales del 2012.
El jurista devela, en base a documentos oficiales obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), que Chevron ha estado hablando sobre el caso con altos funcionarios del Departamento de Estado desde hace largo tiempo.
TLC y ATPDEA
Los directivos de Chevron plantearon, en diversas ocasiones, que Estados Unidos los ayude presionando a Ecuador con la negociación de un acuerdo comercial (TLC), en 2005, y con las preferencias arancelarias andinas (en 2007).
En octubre de 2005, aproximadamente dos años después de que los afectados por la contaminación en la provincia de Lago Agrio (habiendo perdido su oportunidad de litigar el caso en Nueva York plantearon la demanda en Ecuador), David O’Reilly, entonces presidente y CEO de Chevron, presentó sus temores ante Robert Zoellick, secretario de Estado encargado (el funcionario con el segundo rango más alto en EE.UU.) sobre “la falta de resolución de nuestro conflicto relativo a inversiones en Ecuador”.
Él instó a Zoellick a no ultimar un tratado de libre comercio con Ecuador hasta que se resolviera el conflicto, según los documentos desclasificados a los que tuvo acceso Foklkman.
“Seguimos preocupados sobre la incapacidad de Ecuador de honrar compromisos contractuales ante nuestra compañía, descargos específicos incluyendo de cualquier y toda responsabilidad ambiental relacionada con nuestras antiguas operaciones petroleras allí y el compromiso legal ante nosotros de parte de la compañía nacional petrolera en relación a reclamos de terceros”, dijo a O’Reilly.
El directivo se quejó de que el incumplimiento del estado ecuatoriano “ha dejado a Chevron involucrado en un litigio costoso y altamente politizado en el sistema judicial ecuatoriano que, en sí mismo, está en un estado de confusión debido a paros judiciales y otros incumplimientos gubernamentales.
Zoellick respondió que el Departamento de Estado “comparte su preocupación sobre la resolución del conflicto relativo a inversiones y acotó que estaban trabajando con la oficina del representante de Comercio de EE.UU. y la embajada en Quito sobre el tema y que, incluso, lo había planteado en varias ocasiones con funcionarios ecuatorianos (en ese entonces gobernaba Alfredo Palacio).
El funcionario estadounidense evita vincular afirmativamente las negociaciones del tratado de libre comercio a una resolución, pero mencionó que el Ecuador está al tanto “que estamos presionando por la resolución de conflictos pendientes relacionados a la inversión paralelamente a las negociaciones del Tratado…”.
El Departamento de Estado es comprensivo con Chevron
Folkman continúa relatando que en 2007, O Reilly llamó por teléfono a Nicholas Burns, subsecretario de Asuntos Políticos (el cuarto funcionario más alto del Departamento de Estado) para preguntar si había alguna manera de que el gobierno de EE.UU. ayude a Chevron y “nivele el campo de juego” en vista de las declaraciones del presidente Rafael Correa a favor de los demandantes.
Unos pocos días después, O’Reilly argumentó ante Burns: “Esperamos que usted esté de acuerdo que el apoyo de Ecuador a los demandantes requiere una repuesta equivalente por parte de nuestro gobierno”.
Burns presentó una pregunta a altos funcionarios del Departamento de Estado, incluyendo a Thomas Shannon, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, y Linda Jewell, embajadora de EE.UU. en Quito: “¿Cómo podemos ayudar mejor a Chevron ante esta situación?”.
Pese a que el intercambio citado más arriba hace evidente que Chevron ya estaba tratando de atar las preferencias comerciales al conflicto de Lago Agrio, en 2007 se empieza a hablar de la inminente renovación de las preferencias arancelarias para presionar a Ecuador a tomar acción.
A mediados de ese año, Jaime Varela, representante de Chevron planteó la pregunta a dos funcionarios del servicio exterior sobre el uso de la renegociación de las ATPDEA como herramienta. Los funcionarios, a los que Folkman no identifica, tuvieron reparos y mencionaron que la Embajada “en realidad no puede involucrarse en un proceso judicial”.
En dicha reunión, según los documentos obtenidos por Folkman, Chevron reveló otra parte de su estrategia: enfocarse en el juez que llevaba el caso en una corte de Ecuador.
El cabildeo continuó. En 2012, Lisa B. Barry, vicepresidenta y gerente general de Chevron, solicitó una reunión con el subsecretario para el Crecimiento Económico de EE.UU. y planteó revisar la participación de Ecuador en los beneficios las ATPDEA.