Esta decisión surgió luego de que una comisión parlamentaria investigara el comportamiento de los diputados durante la solicitud de Ley Habilitante, hecha por el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, el 8 de octubre pasado.
El presidente Maduro introdujo en la AN el proyecto de ley y ofreció un discurso varias veces interrumpido por Borges y Bracho.
El artículo 75 indica que será considerado infracción: 1) Tomar la palabra sin que la presidencia lo haya concedido; 2) Tratar reiteradamente asuntos distintos a la materia en discusión con ánimo de perturbar el desarrollo ordenado del debate; 3) Interrumpir al orador de turno; 4) Proferir alusiones ofensivas; 5) Distraer reiteradamente la atención de otros diputados o diputadas y 6) Cualquier otro comportamiento similar a los anteriores que impida el normal desarrollo del debate.
El reglamento señala que al infringir la norma se procederá a suspender el derecho de palabra hasta por un mes (30 días) con la aprobación de la mayoría oficialista.
El presidente de la Asamblea Nacional,el chavista Diosdado Cabello, solicitó al Parlamento votar a favor o en contra de la sanción que fue aprobada por la bancada mayoritaria que es la del gobierno.
El legislador opositor Alfonso Marquina, cuestionó la medida tomada contra sus colegas y calificó como “cinismo parlamentario”, ya que “las barras chavistas nos insultan sesión tras sesión desde el balcón y la junta directiva nunca les ha llamado la atención, los venezolanos nos preguntamos por qué no se difunden los vídeos de las peleas iniciadas por los diputados de la bancada oficialista”.
Por último, Alfonso Marquina aprovechó para criticar que no haya ninguna representación de la alternativa democrática en la revisión del proyecto de Ley Habilitante y puso como ejemplo lo sucedido con el alcalde de Valencia Edgardo Parra, “no fue necesario la ley para investigarlo y sancionarlo por presuntos hechos de corrupción”
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