“Estas conclusiones se presentan a la opinión pública solo un día después de que el Consejo Confederal del sindicato las haya conocido”, enfatizó el secretario de Organización y Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, al comienzo de la rueda de prensa en la que Toxo y Carbonero expusieran el informe de la Comisión de investigación interna puesta en marcha por la Ejecutiva confederal del sindicato, que después de varios meses de trabajo ha concluido que la actuación del sindicato y de los responsables sindicales que ha intervenido en los ERE de Andalucía se atiene a la legalidad, si bien reconoce que los procedimientos de actuación son mejorables.
“El 99,9% de los ERE se han iniciado a instancia de la empresa”, de los cuales menos del 10% en Andalucía, ha comenzado explicando Toxo, que ha subrayado que la intervención sindical en los Expedientes de Regulación de Empleo es obligada por mandato legal y de los trabajadores afectados. El sindicato actúa tras la presentación del ERE, “es una intervención especializada que comprende gabinetes jurídicos, económicos y actuariales, que supone un gasto que tiene que ser retribuido”, señaló.
“Se facturan servicios, no se cobran comisiones”, como entiende la instrucción judicial, afirmó rotundo el secretario general de CCOO, que añadió que los gastos deben recaer sobre las empresas que presentan el ERE y no sobre los trabajadores.
Reconoce el desorden
“No hay indicios de enriquecimiento personal de los imputados (según el informe interno de CCOO) – “si lo hubiese, el sindicato tomará las decisiones que correspondan” – y CCOO no ha formado ni forma parte de ninguna trama”, resumió Toxo, si bien autocríticamente afirmó que ha existido desorden y que los procedimientos son “mejorables”, como pone de relieve la Comisión de investigación que propone, entre otras medidas, que en el futuro no se facture a consultoras o con cargo a fondos públicos, aunque sea legal, y que los procedimientos sean transparentes y comunes a todas las organizaciones del sindicato.
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