La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su respeto por la decisión de la Corte Suprema de Argentina al declarar “constitucionales” los artículos de la “ley de medios” objetados por el Grupo Clarín, aunque manifestó discrepancias con el fallo.
“Respetamos la resolución de la Corte pero no la compartimos, especialmente teniendo en cuenta el estado de la libertad de expresión en Argentina, deteriorado a raíz de permanentes ataques del gobierno contra las voces críticas e independientes”, dijo el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo.
La sentencia de la Corte, de hecho, habilita al Poder Ejecutivo a aplicar su objetivo político de desguazar el Grupo Clarín, limitando severamente sus márgenes de acción. En la actualidad, los principales medios del Grupo Clarín (Canal 13, Todo Noticias y Radio Mitre) dan cabida a muchos periodistas críticos del gobierno de la presidente Cristina de Kirchner.
El gobierno nacional ha hecho de sus continuos ataques contra el diario Clarín y los medios audiovisuales que posee, un objetivo político de primer orden, al extremo de que en actos o viajes oficiales los funcionarios, incluyendo la presidente Kirchner, portan globos, banderas y adhesivos con la frase “Clarín miente”.
“Para la SIP, no es dable analizar esta sentencia fuera del contexto de permanente presión que el gobierno argentino ha aplicado por todos los mecanismos posibles sobre los medios y periodistas independientes o críticos”, recordó Paolillo, director del semanario Búsqueda de Montevideo.
La presidente Kirchner, en cadenas nacionales de radio y televisión, ha hablado de Clarín y de otros medios críticos o independientes como “la cadena del miedo y del desánimo” y mencionado que las balas de los militares de la dictadura cambiaron ahora por “balas de tinta”.
El fallo de la Corte surge en medio de una situación de ahogo económico impulsado por el gobierno contra la prensa independiente o crítica, mediante un manejo arbitrario de la millonaria publicidad oficial y la presión sobre los anunciantes privados para que no avisen en los medios que disgustan al oficialismo.
En su sentencia, la Corte recordó, con acierto, que la libertad de expresión es, entre las libertades que la Constitución argentina consagra, una de las que posee mayor entidad, al extremo que, sin su debido resguardo, existiría tan solo una democracia nominal.
También afirmó algo que la SIP comparte, respecto a que si hay concentración excesiva en los medios de comunicación de modo que sólo algunas ideas o informaciones lleguen al pueblo, se perjudica seriamente el debate público y la pluralidad de opiniones, puesto que todos los monopolios u oligopolios, más si son públicos, son nocivos para la libertad de prensa.
De todos modos, la SIP recordó que hay sentencias de esta misma Corte sobre la distribución arbitraria de la publicidad oficial, destinadas a preservar la vigencia de la libertad de prensa, que no son cumplidas por el Poder Ejecutivo, en un claro acto de desacato.
La Corte asignó al Estado un papel “incuestionable” para la “protección activa” de la pluralidad. “También es incuestionable la realidad fáctica que muestra una fuerte concentración comunicacional hegemónica oficialista, con el descarado uso de los medios públicos para la propaganda gubernamental y la concesión de estaciones de radio y televisión a empresarios amigos del poder”, señaló Paolillo.
El Grupo Clarín ha advertido que, de aplicársele las restricciones previstas en la “ley de medios”, perdería su equilibrio operativo y su independencia económica y editorial. “Canal 13, Todo Noticias o Radio Mitre pueden sobrevivir y hacer periodismo crítico por el respaldo del Grupo Clarín”, argumentaron sus responsables.
Paolillo agregó que “nos preocupa enormemente, porque ya existen antecedentes muy negativos, cómo va aplicar la ley el Poder Ejecutivo, ahora que la Corte dio luz verde”.
Paolillo recordó que en 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al analizar el cierre de la emisora venezolana Radio Caracas Televisión (RCTV), advirtió que “si bien la promoción de diversidad y pluralismo es un interés público legítimo, en este caso fue sólo una excusa para silenciar a RCTV, ya que no era necesario quitarle su frecuencia para habilitar nuevas emisoras”.
La Corte sólo juzgó la constitucionalidad de una ley aprobada por el Congreso argentino. Sin embargo, Paolillo señaló que la Corte “pareció dejar entrever un temor o una inquietud y, a la vez, una advertencia a futuro” cuando dice que “ello no quiere decir que si en la etapa de la aplicación (de la ley) se afectara la libertad de expresión, hubiera una distribución discriminatoria de la publicidad o de los subsidios oficiales, la actora (el Grupo Clarín) no pueda ejercer sus derechos”.
“Con un gobierno que ha demostrado su desprecio absoluto por las opiniones divergentes, que ha utilizado todo el poder del Estado para coaccionar e intimidar a aquellos que se atreven a discrepar y que hasta desconocen fallos tan legítimos de otro poder del Estado, es natural que estemos preocupados por cómo este mismo gobierno aplicará la ley de ahora en más”, añadió Paolillo.
En su asamblea anual realizada este mes en Denver (Estados Unidos), la SIP dijo que a cuatro años de la sanción de la “ley de medios”, el escenario mediático en Argentina “dista en mucho del que pregonaban sus promotores: se observa una pronunciada ‘colonización’ de medios por parte del gobierno, multiplicación de nuevas licencias para actores estatales (que alcanzaron al 96% de las licencias otorgadas), fracaso de los concursos de televisión digital para el sector privado y una aplicación selectiva de la norma. La misma es utilizada –al igual que la publicidad oficial- como sistema de premios y castigos”.
La asamblea también advirtió que “la ley en cuestión afecta la libertad de expresión al restringir el funcionamiento, sin justificación técnica, de medios que no usan espectro radioeléctrico —como las señales audiovisuales o los operadores de cable—, lo que implica censura en los términos del Pacto de San José de Costa Rica”.
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