
En el escrito redactado, que consta de 30 folios, se imputa a los querellados “la probable y posible comisión de los delitos” de encubrimiento y daños informáticos por la destrucción “grave y relevante” de pruebas relativas a la investigación sobre la supuesta ‘contabilidad B’ del PP, que instruye el magistrado del Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.
La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid abrió diligencias por este asunto después de que el juez Ruz le comunicara el pasado 19 de septiembre que la destrucción de los discos duros de dos ordenadores de Bárcenas revestía ‘relevancia penal’ y podría ser constitutiva de delito.
La causa está a la espera de que la Fiscalía se pronuncie sobre si compete a este órgano la investigación de este asunto, según señalaron ya a Europa Press fuentes jurídicas. Una vez se conozca la postura del Ministerio Público, la jueza acordará si asume el caso o bien eleva conflicto de competencias. Si ocurre lo primero, deberá decidir también si acepta la querella presentada hoy.
Para la entrada del texto en el Registro de los juzgados acudieron los abogados de los querellantes Enrique Santiago, Juan Moreno y Antonio Segura. Santiago, dirigente federal de IU y letrado que coordina las actuaciones judiciales de esta formación, destacó que “se trata de la primera querella que se dirige directamente contra un partido político como responsable jurídico” tras la reforma del Código Penal realizada a finales de 2013 y que entró en vigor en febrero de este año.
Coincidió con Moreno en que el PP impulsó esta reforma con el objetivo de incitar su uso “contra sindicalistas que podían estar en los ‘piquetes’ en una jornada de huelga” y, sin embargo, ahora “se le ha vuelto en su contra. Vamos a ir hasta el fondo de las responsabilidades del PP y su dirección nacional en la destrucción de estos ordenadores”.
A la pregunta de los periodistas sobre la exclusión de otros dirigentes del PP de la nómina de querellados, entre ellos su secretaria general, María Dolores de Cospedal, los letrados indicaron que “por el momento” se han dirigido contra aquellos supuestos responsables sobre los que existen “indicios clarísimos” de delito. No obstante, no descartaron ampliar la querella contra otros dirigentes a medida que avance la instrucción.









