La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que la futura norma pretende dar “una respuesta global de todos los poderes públicos a las víctimas del delito no exclusivamente en términos jurídicos sino también sociales”. “Una respuesta no sólo reparadora del daño en el marco del proceso sino que va más allá para evitar o paliar los efectos traumáticos producidos y los que puedan seguir generándose a lo largo del proceso”.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha recordado que el Estatuto de la Víctima, el nuevo Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal son los tres pilares de la reforma penal que avanzó hace un año.
El Estatuto establece un catálogo general de las víctimas de cualquier tipo de delito que se haya cometido o que pueda ser juzgado en cualquier país de la Unión Europea. El ministro ha aclarado que afecta tanto a las víctimas directas como a los familiares de las mismas y que no deroga ninguna normativa especial. Las víctimas de terrorismo o las de violencia de género mantendrán su normativa especial.
Ruiz-Gallardón ha subrayado que “España va a ser el primer país de la Unión Europea que va a reunir en un solo texto legal todos los derechos de las víctimas”.
Derechos de las víctimas
El ministro ha avanzado que se reconoce a la víctima el derecho a la información, a estar acompañado, a los servicios de traducción, a recibir información concreta sobre la causa abierta y sobre la fecha o lugar del juicio, así como sobre las medias cautelares, la puesta en libertad del encausado, la propia sentencia o la resolución del sobreseimiento.
Alberto Ruiz-Gallardón ha subrayado, a diferencia de lo que ocurre ahora, los derechos de la víctima no terminarán una vez que ha testificado contra la persona que ha violado un derecho. A partir de la aprobación de esta norma, la víctima tendrá derecho a seguir informada durante todo el tiempo en que subsista un reproche penal por parte del Estado contra la persona que haya sido condenada.
Además, como novedad, el ministro ha indicado que en los casos de grandes catástrofes, los abogados y procuradores no podrán dirigirse a las víctimas para ofrecerles sus servicios profesionales hasta que no haya transcurrido un mes desde el suceso para evitar así escenas dolorosas como las vividas tras el accidente de un avión de Spanair en Barajas.
“Las víctimas que decidan participar en procesos penales tendrán derecho a constituirse en parte acusadora, ejercer la acción civil, obtener una indemnización, solicitar el reembolso de gastos, a la restitución rápida y efectiva de los bienes. Si las víctimas deciden ejercer la acción civil fuera del proceso penal estarán exentas del cobro de tasas”, ha añadido.
En la ejecución de la pena, Ruiz Gallardón ha dicho que se introduce como novedad que víctima participe en el proceso, una vez que la sentencia ya es firme: “Las víctimas podrán recurrir el auto por el cual el juez de vigilancia penitenciaria autorice la posible calificación del penado en tercer grado antes de que se extinga la mitad de su condena. Este derecho excepcional se aplicará a los casos de delito de homicidio, lesiones, delitos contra la libertad o integridad sexual”. El ministro ha resaltado que las víctimas podrán recurrir la libertad condicional cuando se haya impuesto una pena superior a cinco años de prisión.
El Estatuto también recoge medidas de protección de las víctimas, en especial si son menores: “Vamos a evitar que tengan que comparecer directamente en el juicio por la enorme presión ambiental que puede suponer para ellos. Sus declaraciones serán grabadas con carácter previo y reproducidas en el juicio sin necesidad de la presencia del menor”.
La aplicación efectiva del Estatuto de la Víctima tendrá un coste anual superior a los 3,1 millones de euros.
Opinión
