La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su repudio a la decisión del gobierno de Venezuela en el sentido de crear un nuevo organismo estatal con el propósito explícito de censurar cualquier tipo de información aduciendo razones de seguridad nacional o desestabilización política.
El nuevo organismo, Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), entró en vigencia después de publicarse el 7 de octubre en la Gaceta Oficial. Bajo este, adscrito a la Presidencia de la Nación, el presidente Nicolás Maduro podrá requerir toda información de “actividad enemiga interna y externa, provenientes de todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas” (Art. 3), “así como prever y neutralizar potenciales amenazas a sus intereses vitales” (Art. 7), y además “podrá declarar el carácter de reserva, clasificada o de divulgación limitada a cualesquiera información” (Art. 9).
El CESPPA reemplaza al CESNA (Centro de Estudio Situacional de la Nación), decretado por el ex presidente Hugo Chávez en 2010 y que había sido impugnado ante el Tribunal Supremo de Justicia, por distintas instituciones que consideraban anticonstitucional que se violaran varios artículos de la Carta Magna.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, manifestó que “estamos ante un caso de arrogancia sin fin, en el que el gobierno de Venezuela se arroga el poder de establecer qué se puede informar, criticar u opinar, sosteniendo en su mano un ente creado por él mismo, con el que puede controlar, censurar y castigar a su antojo, algo así como ser presidente, legislador y juez al mismo tiempo”.
Paolillo, director del semanario Búsqueda de Uruguay, dijo que el reciente anuncio del presidente Maduro y la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, sobre que se aplicarán fuertes sanciones contra el periódico Diario 2001 por un titular publicado esta semana que daba cuenta del desabastecimiento de la gasolina de alto octanaje, “demuestra que el gobierno podría censurar cualquier tipo de información económica, política, educativa o incluso deportiva, si infiere que pudiera ir en contra de los intereses de Venezuela”.
“Maduro está siguiendo con todo entusiasmo el camino iniciado por su antecesor, Hugo Chávez, para configurar definitivamente un sistema totalitario en materia informativa, como han hecho las dictaduras de todo signo a lo largo del tiempo”, agregó.
La SIP recordó que desde hace una década viene insistiendo sobre la necesidad -totalmente contraria a las funciones de este nuevo organismo – de que se impulse en Venezuela una ley de transparencia y acceso a la información pública para que el gobierno cumpla con rendir cuentas e informar, tal como lo exige la Constitución de Venezuela y lo establecen tratados internacionales sobre libertad de expresión.
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