El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Juan Jiménez Mayor, valoró los avances y logros que tiene el Gobierno central en la lucha contra la corrupción, destacando la labor que realiza la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN – Anticorrupción) espacio integrado por instituciones públicas y privadas donde se consensuó el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012–2016.
Las declaraciones las realizó Jiménez Mayor dentro del marco de su presentación en la IV Conferencia Anticorrupción Internacional – CAAI 2013 ‘Redes para la Prevención de la Corrupción’, organizada por la Contraloría General de la República del país incaico, donde distinguió las medidas implementadas por el Ejecutivo en esta materia, situación que ha permitido recaudar una serie de recursos financieros que antes eran evadidos.
“El seguimiento de la ruta del dinero procedente de la corrupción, ha permitido repatriar millones de nuevos soles robados al fisco durante el régimen fujimontesinista, además de la ejecución de los embargos por concepto de reparación civil”, destacó Jiménez Mayor en un comunicado de prensa emitido por el Gobierno de Perú.
En la misma línea, reconoció el trabajo de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi) en la óptima administración de los inmuebles incautados a las personas que incurrieron en delitos en agravio del Estado como la corrupción y la narcotráfico, destacando que los recursos obtenidos por estas acciones serán invertidos en la lucha contra este flagelo, de manera de proporcionar mecanismos adecuados para combatir este delito.
Por otra parte el representante de Gobierno destacó las medidas jurídicas puestas en marcha en el país, situación que ha permitido al Estado ampararse en un marco legal efectivo y moderno para efectuar acciones en esta materia, como la Ley de Crimen Organizado, que incorpora los delitos de corrupción; la Ley de Pérdida de Dominio, que permite incautar bienes adquiridos con probados fondos ilícitos; y la Ley contra el Lavado de Activos.
Por último Jiménez Mayor abogó por la pronta aprobación en el Congreso de la República de otros proyectos de ley, como la ‘muerte civil’ para los corruptos y la imprescriptibilidad de estos delitos, además de la ampliación de facultades para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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