España: aprueban el Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo

El Consejo de Ministros de España ha aprobado el reglamento que desarrolla la Ley 29/2011, de 22 de septiembre de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, una norma con la que, según ha manifestado la vicepresidenta del Gobierno, “España dispone de uno de los sistemas de atención integral a las víctimas del terrorismo más avanzados a nivel europeo y mundial como reconocen muchos organismos”.
Tanto la Ley como el reglamento que la desarrolla se inspiran “en los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad”, recogen un compromiso de “solidaridad de toda la sociedad con las víctimas” y pretenden un “tratamiento integral de todas las acciones que puedan reparar esos daños que, por otro lado, son irreparables”, han explicado tanto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
El ministro ha subrayado que con este Reglamento han tratado de impedir cualquier resquicio legal que implicara que el beneficiario de las ayudas pudiera ser un terrorista.
Soraya Sáenz de Santamaría considera que “la norma pretende además de concretar todo tipo de ayudas y necesidades de las víctimas, facilitar la gestión y la atención integral mediante una gestión centralizada de todas esas ayudas y reconocimientos”.
En este sentido, Fernández Díaz ha señalado que las cuestiones administrativas se agilizarán mediante un procedimiento de ventanilla única y se afianza el principio de atención integral con una nueva regulación de las ayudas por asistencia psicológica, educativa y psicopedagógica.
Plazos
El Reglamento abre el plazo de un año para que las víctimas puedan solicitar la diferencia entre las indemnizaciones ya cobradas y la cantidad establecida por la ley, fija también el periodo de un año para solicitar indemnizaciones a quienes no hayan cobrado ayudas y para aquellos que en un futuro puedan ser víctimas del terrorismo. Por primera vez, los amenazados por organizaciones terroristas tendrán derecho a recibir ayudas que podrán solicitar con carácter retroactivo.
Para elaborar el texto habido múltiples contactos tanto con las principales asociaciones de víctimas como individualmente con algunas de ellas. “Todas tuvieron la posibilidad de presentar aportaciones en el trámite de audiencia pública” ha especificado el ministro quien ha cuantificado el coste de la puesta en marcha del reglamento “en torno a los 77,5 millones de euros, teniendo en cuenta tanto el régimen transitorio como el retroactivo. Previsiblemente en dos ejercicios presupuestarios 2014 y 2015”.