La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia, aprobó la realización de gestiones administrativas para contar con los recursos que permitan asegurar el funcionamiento de la Comisión Especial Mixta, que realiza la investigación del proceso de privatización y capitalización entre 1989 y 2000.
En este sentido el presidente de la Comisión Especial Mixta, Adolfo Mendoza, aseguró que la intención de esta iniciativa es profundizar en los hechos que llevaron al “saqueo” en el país, de manera generar una memoria de la historia de esta situación.
“Se trata de generar memoria de la historia del saqueo del país” y lamentó que la oposición trate de frenar el trabajo de la comisión al tildarla de política “pero ésta es una decisión institucional”, expresó Mendoza.
Ante esto se estipuló que las entidades e instituciones públicas y privadas (…) que participaron en el proceso de capitalización y privatización, tienen la misión de entregar una información transparente relativa a estos hechos, de manera de colaborar de forma activa con el trabajo de investigación de la comisión.
Por otra parte aseguró que la intención de la normativa no en judicializar el proceso de investigación de la privatización, y dejo en claro que esta resolución se encuentra en el marco del cumplimiento de los reglamentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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