La organización internacional Human Rights Watch (HRW), pide al jefe de Estado del Ecuador, revocar un decreto presidencial que otorga amplios poderes al gobierno para supervisar y disolver las organizaciones no gubernamentales.
El documento emitido por HRW dice que el 4 de junio de 2013, el presidente Rafael Correa adoptó un decreto que crea nuevos procedimientos para las organizaciones no gubernamentales ecuatorianas para obtener estatus legal y exige a las organizaciones internacionales a someterse a un proceso de selección para obtener el permiso para trabajar en Ecuador.
“El Gobierno de Correa ha afectado seriamente la libertad de expresión, dedicándole gran parte de su energía a atacar a los medios de comunicación, y ahora intenta avanzar sobre las organizaciones independientes”, indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “Los funcionarios ahora podrán en la práctica, decidir qué pueden decir o hacer las organizaciones, y esto debilita significativamente el rol de estos grupos como contralor de los actos del gobierno”, agregó Vivanco.
El decreto, según expresa Human Right Watch, “concede al Gobierno amplia potestad para intervenir en las actividades de las organizaciones”, y lo autoriza a disolver ONG ecuatorianas que “afecten la paz pública”.
También dice HRW, el decreto “limita la posibilidad de las organizaciones de elegir quiénes pueden ser miembros o participar en ellas, y atenta así contra su derecho a la libertad de asociación”, subraya el organismo.
El comunicado señala que funcionarios gubernamentales, afectados a ese control, pueden disolver una organización cuando consideren que no cumple los fines y objetivos para los cuales fue constituida o cuando participe en actividades que “afecten la paz pública” o sean “de injerencia en políticas públicas que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado”
“Los gobiernos deben asegurar que los defensores de derechos humanos puedan realizar sus actividades sin represalias, amenazas, intimidación, hostigamiento, discriminación u obstáculos legales innecesarios”, señaló HRW.
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