El Gobierno de Andorra ha aprobado el proyecto de ley de bases del ordenamiento tributario, que sustituirá al anterior marco de 1996. El texto tiene como objetivo consolidar las garantías de los administrados y, al mismo tiempo, reforzar los medios y mecanismos que deben permitir a la Administración tributaria optimizar la eficiencia en la recaudación de todos los impuestos.
Este paso era necesario en un contexto de profunda reforma fiscal que ha conllevado la aparición de nuevas figuras impositivas de carácter directo y personal-dicen las autoridades- al tiempo que se han unificado los impuestos sobre consumo y prestación de servicios en un impuesto general indirecto (IGI ).
La ley constituye así un cambio profundo de la Administración tributaria andorrana, que debe ir acompañado de otras leyes con el objetivo de adaptar y unificar las unidades administrativas el Gobierno que se han dedicado hasta hoy en la gestión y recaudación de impuestos de diferente naturaleza, como la aduanera.
Entre los aspectos del nuevo texto, está la introducción del concepto del abuso del derecho para evitar utilizaciones artificiosas de las normas, la inclusión de la responsabilidad tributaria subsidiaria como mecanismo para perseguir la deuda tributaria, el sistema de estimación indirecta por determinar la deuda tributaria cuando no se facilita la información necesaria, la posibilidad de realizar acuerdos previos de valoración de las obligaciones tributarias, y la determinación de los datos que la Administración puede exigir ya sea de manera periódica o por requerimiento.
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