La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado en un curso de la Universidad Complutense de Madrid, que el Ejecutivo iniciará en septiembre todas las actuaciones normativas necesarias para eliminar, fusionar o simplificar 57 organismos públicos dependientes del Estado.
Durante su intervención en el cuso de verano “Los retos de la sociedad española más allá de la crisis”, la vicepresidenta ha repasado el programa de reformas del Ejecutivo, entre las que ha destacado la reforma de las Administraciones Públicas.
Esta reforma, ha recordado, contribuye a la consolidación fiscal y permitirá ahorrar 37.700 millones de euros hasta 2015. En su opinión, supone un hito que marcará toda la legislatura y está llamada a marcar una profunda huella en tiempos venideros. “Tenemos que conseguir que las administraciones públicas lejos de ser una dificultad para crear empresas o que para que puedan funcionar sean un impulso para que funcionen de una manera mucho más eficiente”, ha dicho.
La vicepresidenta ha apuntado que el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), presentado el pasado 13 de junio, tiene como principal objetivo que las dichas administraciones sirvan mucho mejor a los intereses de los ciudadanos al menor coste posible: “Hacer más con menos y hacerlo mejor”.
En su opinión, las administraciones han sido un vector de desarrollo en España y durante las últimas cuatro décadas han cumplido una encomiable labor ganando cuotas de profesionalidad, si bien ha apuntado que en esa evolución han ido surgiendo insuficiencias que hay que corregir. “Se trata de canalizar esa vocación de servicio público hacia un modelo organizativo que conserve las fortalezas de nuestra administración pero que supere sus debilidades. Porque la administración tiene que convertirse en un reflejo de la sociedad en cada momento”, ha añadido.
Sáenz de Santamaría ha subrayado que en la reforma de la administración cobrará importancia la gestión de recursos humanos, el mérito y la responsabilidad. Así, la reforma apuesta por la movilidad de los funcionarios desde sectores excedentarios a sectores deficitarios, que podrán identificarse mediante un nuevo sistema evaluación de la eficacia y de las cargas de trabajo para determinar los tiempos en la tramitación de los expedientes.
Además, la vicepresidenta ha asegurado que la reforma de las administraciones no está prevista sólo para mejorar su funcionamiento sino para que “a las empresas les sea más fácil contratar y cobrar el precio de lo contratado”. En este sentido, ha recordado que se pondrán en marcha medidas para erradicar la morosidad, un portal de edictos único y las facturas serán electrónicas. Se centralizará la gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicación de la Administración General del Estado y se pondrán a la venta inmuebles de titularidad pública.
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