
¿Pero con quien ha firmado Argentina este convenio que ha despertado críticas desde varios sectores?
Miembros de la comunidad Mapuche y ambientalistas se han manifestado en Campo Marité, en la zona neuquina de Vaca Muerta, al mismo tiempo que ocupaban tres pozos en acción de protesta contra la concesión de explotación otorgada por la petrolera estatal YPF a la  empresa estadounidense Chevron.
La Confederación Mapuche y las comunidades originarias asentadas en la zona han confirmado que no permitirán la entrada de la empresa Chevron en el territorio e impugnarán el acuerdo que la petrolera estadounidense firmara con YPF de Argentina.
La comunidad indígena ha declarado a la prensa que “no se ha respetado la legislación vigente. Es ilegal el otorgamiento de esa concesión a Chevron. No solamente al pueblo mapuche, el pueblo argentino en general tiene derecho a decidir”, indicaron dirigentes de esas comunidades.
La oposición en pleno también se ha lanzado a criticar el acuerdo con la petrolera norteamericana ya que,  curiosamente y casi al mismo tiempo,  la presidenta Cristina Kirchner ha decretado una “excelente” reglamentación para aquellas petroleras que realicen inversiones mínimas de mil millones de dólares. Esta disposición gubernamental parece hecha a medida para Chevron y para el convenio suscrito con YPF, ya que casualmente Chevron entra en el negocio con una aportación inicial de 1.240 dólares.
Entre las ventajas de la petrolera está el derecho a exportar el 20% de la producción, después de un plazo de cinco años, con la exención de los impuestos que gravan a la exportación en ese país.
También gozarán de la libre disponibilidad del 100% de las divisas procedentes de la exportación de los hidrocarburos, entre otros beneficios.
El diputado nacional de la oposición Julián Obiglio destacó que “Confiscaron a los españoles para luego regalársela  a los americanos” y puntualizó, “Un tema central de YPF y Chevron que casi no se ha mencionado: el acuerdo viola por completo la soberanía provincial que es la dueña del suelo”.
En realidad, lo que causa recelo es que Chevron, instalada anteriormente en Ecuador, se enfrenta a un juicio por 19.552 millones de dólares en el mencionado país, por el presunto daño ambiental en la Amazonía ecuatoriana durante sus operaciones entre 1964 y 1990.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa ha señalado que  “Es necesaria la unión latinoamericana para evitar los abusos de estas trasnacionales que nos consideran colonias y tienen comprados árbitros, centros de arbitraje…”, en defensa de las grandes corporaciones locales.
Mientras tanto, Argentina negocia y autoriza explotaciones  a Chevron que está en litigio con Ecuador. Además, pocos días antes de firmarse el acuerdo con los norteamericanos, la Corte Suprema de Argentina tuvo que revocar con carácter de urgencia una orden de embargo dictada por un tribunal argentino sobre los bienes de la filial local de Chevron por un valor de 19.552 millones de dólares, en virtud de la demanda de Ecuador por daño ambiental.
La unión de los países latinoamericanos integrados en esa “Patria Grande”, que pregona con insistencia Cristina Kirchner, parece desvanecerse con rapidez ante los petrodólares.
Esa ‘Patria Grande’ que la presidenta argentina ha defendido con uñas y dientes en aquellos momentos en los que la solidaridad de los países latinoamericanos se hacía más que necesaria para apoyar las reclamaciones de Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas.
Recordemos lo que la mandataria argentina publicaba en su cuenta de Twitter el 28 de marzo de 2013:
“La Patria Grande apoyando sin reservas nuestro reclamo, por razones históricas, documentales, geográficas y la más elemental lógica…”












