En las urnas este domingo, a través del voto de los ciudadanos, Uruguay define si avanza hacía un referéndum que posibilite derogar la ley de despenalización del aborto recientemente aprobada por las cámaras legislativas, pero objetada por gran parte de la ciudadanía, donde ha encontrado una firme resistencia a su aplicación.
El recurso de referéndum contra las leyes tiene en Uruguay tiene un mecanismo que se pone en marcha a partir de la presentación de firmas de ciudadanos, que piden a la autoridad electoral que convoque al cuerpo electoral para que puedan manifestarse emitiendo su voto los ciudadanos que desean someter una ley vigente a referéndum. Si en esta convocatoria las voluntades emitidas superan el 25% del electorado se realiza otra instancia, en este caso de voto obligatorio para los ciudadanos habilitados que deben expresarse a favor o en contra de la derogación de la ley.
En esta primera convocatoria de hoy domingo, se necesita que el 25% de los habilitados para votar expresen su adhesión para habilitar el referéndum en octubre. Se trata de un piso de 655.193 adhesiones.
Según informó el diario uruguayo El País, las faltas de funcionarios públicos titulares y suplentes llevaron a que más del 30% de las mesas en los circuitos de votación en Montevideo tuvieran alguna dificultad para integrarse.
El diputado uruguayo Jaime Trobo ha señalado que “Nosotros entendemos que esta es una cuestión de Derechos Humanos, nuestro Uruguay, adherido voluntariamente y con plena convicción de su valor como instrumento de protección de DDHH, adhirió a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo primero reza “Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” Y agrega en su artículo séptimo, “Artículo VII. Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”.
Bastaría la lectura, comprensión y práctica de los principios enunciados, para identificar en todos los impulsos a la legitimación que se pretende en la normativa jurídica interna, en la cultura y en la consideración social, para derribar las justificaciones que se desarrollan a favor del aborto.
Si eso fuera poco, en el Pacto de San José de Costa Rica, otro instrumento regional de señalada importancia, el artículo cuarto titulado “Derecho a la Vida”, en su primer numeral dice “ 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
Si fueran pocos los argumentos éticos y morales que nos impulsan a promover la derogación de la “ley de aborto” en Uruguay, respecto de la cual votamos en contra en el Parlamento, los jurídicos que hemos señalado, parte de instrumento internacionales de Derechos Humanos, completan el respaldo a la posición que defendemos de derogar la ley”, ha manifestado el legislador uruguayo.
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