El legislador señaló además que “se trata de evitar una consulta popular y democrática mediante un mecanismo tramposo”.
El diario El País había advertido este domingo sobre una cadena de mails en donde la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Romina Napiloti (consultora para el fortalecimiento de la atención directa al ciudadano) llamaba a boicotear la consulta popular del 23 de junio para convocar a un referéndum derogatorio de la ley del aborto.
El correo electrónico donde presuntamente la funcionaria pedía un boicot a la consulta democrática, no presentándose a trabajar en las mesas de los circuitos de votación, expresaba: “como funcionarios, estamos obligados a concurrir si la Corte Electoral nos convoca, pero vamos a intentar interponer objeción de conciencia (si vale para los médicos, tiene que valer para nosotros) o por lo menos, de ninguna manera nos ofreceremos voluntariamente (…) Todo lo que se haga `tiene que ser de callado`. Hay que conseguir reventarlos para que se den cuenta que nadie los apoya”.
En otra parte del email, la funcionaria estatal agregaba: “todos los movimientos que se hagan hasta la fecha del referéndum, sean lo más silenciosos posible hacia la opinión pública. Cuanto menos repercusión pública tenga la existencia de esa instancia más difícil será que junten los 650 mil votos que necesitan”, aseguró.
El diputado Javier García pide al ministro de la cartera, Daniel Olesker, una investigación administrativa para conocer los hechos y señaló que “Si no se realiza esta investigación el responsable es el ministro”.
En octubre de 2012 el Parlamento de Uruguay aprobó la ley que despenaliza el aborto pero un grupo encabezado por el diputado Nacional, Pablo Abdala, y distintas organizaciones sociales que defienden el derecho la vida, comenzaron un proceso de referéndum que busca derogarla.
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