En un comunicado, Gabriela Knaul expresó preocupación porque los proyectos de ley de Reforma del Consejo de la Magistratura y de regulación de medidas cautelares establecen que los miembros del Consejo serán elegidos por votación popular directa en candidaturas establecidas por los partidos políticos.
La experta subrayó que al otorgar a los partidos la posibilidad de proponer a los consejeros, se pone en riesgo la independencia de los miembros del Consejo de la Magistratura.
En ese sentido, Knaul exhortó al gobierno argentino a reconsiderar los proyectos que fueron aprobados por la Cámara de Diputados el 24 de abril pasado y recalcó que el Estado debe asegurar la independencia de la judicatura mediante el respeto de su legislación a los estándares internacionales.
Asimismo, solicitó a Argentina establecer procedimientos claros y criterios objetivos para la destitución y sanción de jueces, además de asegurar un recurso efectivo a los magistrados para impugnar dichas decisiones, en aras de salvaguardar la independencia judicial en ese país sudamericano.
Gobierno argentino manifiesta malestar por pedido de la ONU
La Cancillería argentina indicó que “los términos del mismo se apartan no sólo de los estándares de ética profesional e independencia esperados del titular de un mecanismo especial como lo es la Relatoría, sino que por su falta de imparcialidad, mesura y equilibrio representa un desvío del mandato mismo encomendado a la Relatora”, según consigna la Sala de Prensa del Gobierno argentino.
“Resulta paradójico que quien ha recibido el mandato de proteger la independencia de magistrados y abogados, atropelle principios básicos del derecho, prejuzgando y adelantando conclusiones sin haber recibido las respuestas a las preguntas que planteó en la noche del viernes pasado al Estado argentino”, dice el comunicado argentino.
Agrega que “menos de una hora después de haber recibido el pedido de información, la Cancillería contestó formalmente que todas las preguntas planteadas por la Relatora serían contestadas de inmediato tal como lo ha hecho en cada oportunidad en que le fue solicitado por dicho organismo. No obstante la predisposición a cooperar de la República Argentina, dicha Relatora emitió un comunicado menos de 24 horas hábiles después de haber enviado el material solicitando respuestas a una serie de preguntas. Y más grave aún, emitió el comunicado sin contar con dichas respuestas. De esta manera convirtió a las Naciones Unidas en fiscal, juez y verdugo contra un país miembro”.
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