El PSOE propone un plan para reactivar la economía y el crédito y evitar más despidos

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Alfredo Pérez Rubalcaba
Alfredo Pérez Rubalcaba
El PSOE ha avanzado este domingo con un programa será según los socialistas para hacer fluir el crédito, estimular el crecimiento, evitar más despidos y desahucios y combatir la pobreza.
Estas serían las líneas del plan de reactivación económica que ha explicado Alfredo Pérez Rubalcaba en una reunión de trabajo mantenida en Ferraz con su equipo económico y las direcciones del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo.
En una intervención ante los asistentes a este encuentro, el líder socialista ha trazado los grandes problemas que según él que padece la economía española. En primer lugar, ha citado el de la consolidación fiscal con los ajustes del déficit que exige Bruselas y el nuevo plazo marcado, que Rubalcaba teme que se quede corto. En este punto, el PSOE aboga por un cómputo del déficit que permita a países con dificultades excluir aquellas partidas “fundamentales para crecer”, ha dicho Rubalcaba, tales como las destinadas a investigación, educación e inversiones productivas (la denominada regla de oro).
Para afrontar otro de los problemas de la economía nacional, la falta de crédito de las empresas, Rubalcaba ha apuntado otra propuesta: que haya un fondo de veinte mil millones de euros del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la financiación de empresas, el fomento del empleo, los emprendedores y el apoyo a la exportación.
Además, el plan de los socialistas comprenderá también una iniciativa para emplear un crédito de diez mil millones para que las familias en situación de dificultad con sus hipotecas puedan renegociar con las entidades bancarias.
¿De dónde saldría este crédito para pymes y familias? Rubalcaba ha recordado que el rescate financiero concedido a España ascendió a 100.000 millones, de los que quedan disponibles 60.000, cantidad de la que se detraerían los 30.000 millones de las mencionadas ayudas para pymes y familias.
El secretario general de los socialistas ha advertido que, si no se llevan a cabo estas medidas, “los bancos tendrán dificultades y tendremos que volver a recapitalizarlos”.
Para evitar que se siga perdiendo empleo, Pérez Rubalcaba ha señalado que el PSOE defiende un programa extraordinario de mantenimiento del empleo, una moratoria de despidos por causas económicas durante 2013, 2014 y 2015, inspirado en una fórmula que se aplica en Alemania y consiste en ayudas públicas a las empresas en dificultades que se comprometan a no despedir a sus trabajadores y opten por una reducción de jornada. El líder socialista ha apuntado un dato: en Alemania hay un millón y medio de puestos de trabajo que se han acogido a esta fórmula, y de esta manera se ha evitado engrosar el paro.
También en el eje del empleo, Rubalcaba ha enumerado algunas medidas más: bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social (extraordinarias y decrecientes durante tres años) para empleos de nueva creación; la reforma de los contratos e formación y de prácticas para facilitar la contratación de jóvenes (con 400.000 contratos “de primera experiencia”); ayudas y créditos para que las empresas puedan exportar y se agrupen para hacerlo si no tienen el tamaño suficiente; y una nueva política industrial (de la que el Gobierno “se ha olvidado por completo), con respaldo a sectores punteros en nuestro país, como las empresas de energías renovables o la industria alimentaria.
Además ha reiterado la necesidad de acometer una reforma fiscal en profundidad integrando el patrimonio en la renta, “para que la gente pague en función de lo que gana y de lo que tiene” y de esta manera se eviten más recortes, no se suban impuestos a las clases medias y se consigan ingresos extras para mantener los servicios sociales esenciales.
Y, por último, Rubalcaba ha puesto el acento en la lucha contra la creciente pobreza originada por la recesión, un caballo de batalla del PSOE. Para combatir esta situación, el PSOE plantea un Fondo de Emergencia dotado con mil millones de euros, que se repartirían entre ayuntamientos, comunidades autónomas y ONG de Acción Social.