CiU pretende que el uso del catalán se garantice en la Administración de Justicia

0
708

El grupo parlamentario de CiU ha presentado una proposición de ley para la lengua catalana pase a ser un “requisito imprescindible” para todos los miembros de la Administración de Justicia establecidos en Cataluña. De esta manera, los independentistas quieren “garantizar el derecho efectivo a su uso” ya que no se ha podido alcanzar valorando “el conocimiento del idioma como un simple mérito”. A pesar de los intentos por articular soluciones a la pluralidad lingüística en los últimos años, la proposición de ley-en su exposición de motivos-establece que la Administración de Justicia ha sido “poco permeable” a la utilización de otras lenguas oficiales que no sean el castellano.
La proposición de ley tiene como objetivo una reforma que “garantice el derecho lingüístico de los ciudadanos que utilizan los servicios de la Administración de Justicia”, para que se les garantice en catalán.
Dos leyes orgánicas para modificar
La federación nacionalista ha registrado esta proposición en el Parlamento de Cataluña, para que se presente a la Mesa del Congreso ya partir de allí se modifiquen dos leyes orgánicas: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
En el primero de los casos porque se necesita una nueva redacción “los preceptos que hacen referencia al conocimiento y uso de lenguas oficiales por parte de jueces, magistrados, secretarios judiciales y del personal de la Administración de Justicia para destinados a las comunidades autónomas con lengua propia “, como sería el caso de Cataluña con el catalán.
En el segundo caso, la modificación afectaría la provisión de plazas en las Fiscalías con sede en comunidades autónomas con idioma cooficial, y también el artículo 36.6 de la citada ley por el mismo motivo que el anterior, porque el conocimiento de la lengua propia de una comunidad autónoma sea requisito imprescindible.
También con estos cambios-dice CiU- los servidores públicos que trabajan en el ámbito de la Justicia en Cataluña acreditarán el dominio del idioma de acuerdo con el “principio de eficacia”, desarrollando su labor conociendo una hecho “tan imprescindible y elemental “como el idioma propio del territorio.