En la carta dirigida al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Remigiusz Achilles Henczel, el canciller Héctor Timerman informó que el representante permanente de la Argentina ante el organismo internacional, Alberto D’Alotto, envió la información requerida por la relatora especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, según consigna la Secretaría de Comunicación Pública del Gobierno argentino.
Timerman señaló que, sin embargo, la Relatora Especial “declaró a la prensa que aún no había recibido dicha comunicación por parte del gobierno argentino” y afirmó que una vez más la “Relatora distorsiona la realidad”.
“Aprovecho la oportunidad para reiterar el profundo malestar que ha producido la Relatora en el Gobierno argentino por su clara parcialidad al emitir un texto con conclusiones sin esperar las respuestas que había solicitado a la República Argentina y que fueron contestadas de inmediato a pesar de contar con 30 días para hacerlo”, enfatizó Timerman en la carta al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Además, el canciller argentino resaltó “los artículos que no fueron respetados” y aseguró que “la República Argentina ha hecho reserva de los medios que le corresponden para preservar el buen nombre y prestigio del país así como de la Organización a la que, con tanto orgullo, pertenece”.
Lo que pide la ONU
La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados, Gabriela Knaul, señaló que de aprobarse la reforma judicial que pretende imponer el Gobierno de Argentina, se pondría en tela de juicio la separación de los poderes en ese país.
Gabriela Knaul expresó preocupación porque los proyectos de ley de Reforma del Consejo de la Magistratura y de regulación de medidas cautelares establecen que los miembros del Consejo serán elegidos por votación popular directa en candidaturas establecidas por los partidos políticos.
La experta subrayó que al otorgar a los partidos la posibilidad de proponer a los consejeros, se pone en riesgo la independencia de los miembros del Consejo de la Magistratura.
En ese sentido, Knaul exhortó al gobierno argentino a reconsiderar los proyectos que fueron aprobados por la Cámara de Diputados el 24 de abril pasado y recalcó que el Estado debe asegurar la independencia de la judicatura mediante el respeto de su legislación a los estándares internacionales.
Asimismo, solicitó a Argentina establecer procedimientos claros y criterios objetivos para la destitución y sanción de jueces, además de asegurar un recurso efectivo a los magistrados para impugnar dichas decisiones, en aras de salvaguardar la independencia judicial en ese país sudamericano.
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