Asunción, IP Paraguay.- La ministra de Justicia y Trabajo, María Lorena Segovia Azucas, en calidad de jefa de la delegación paraguaya ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) presentó un informe acerca de los avances y desafíos en cuanto al respeto de los derechos humanos en Paraguay.
El informe manifiesta que el Paraguay reconoce como parte de su ordenamiento jurídico positivo el derecho internacional y los principios de autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica entre los Estados, la solidaridad, la cooperación internacional y, fundamentalmente, la protección internacional de los derechos humanos.
Asimismo sostiene que la premisa fundamental para el país es la promoción y protección de los derechos humanos. Su defensa, impulso y promoción, son ejes centrales de la política de Estado.
“Hacemos mención aquí a los importantes progresos alcanzados en el ámbito interno. En primer lugar, la reciente reestructuración que ha tenido la Comisión Interinstitucional Ejecutiva para el Cumplimiento de Sentencias y Recomendaciones Internacionales. El Gobierno decidió darle mayor jerarquía al tratamiento y seguimiento de estos temas siendo ahora la misma presidida por el Vicepresidente de la República y coordinada por el Ministerio de Justicia y Trabajo”, señala la ministra en su informe.
El documento resalta la atención especial dada a las comunicaciones de los distintos procedimientos del Consejo de Derechos Humanos. en este sentido Paraguay ha recibido y dado trámite a las solicitudes de informe sobre los sucesos ocurridos en el marco de un procedimiento judicial de allanamiento en la localidad de Curuguaty, donde el pasado 15 de junio ocurrió un enfrentamiento entre policías y campesinos, con 17 fallecidos.
La presentación señala que “el Estado repudia los hechos de violencia que se registraron en Curuguaty y lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas en estas circunstancias. El Poder Judicial y el Ministerio Público, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, se encuentran abocados a la investigación del luctuoso suceso a fin de dirimir las responsabilidades penales y sancionar a los culpables”.
Asimismo, el Gobierno del presidente Federico Franco tomó la iniciativa de establecer un plan de contingencia de la zona Curuguaty, implementado por el Ministerio del Interior, a fin de paliar la situación de los afectados por dichos sucesos, que contempla asistencia jurídica y monetaria a las viudas de los policías, así como, el gerenciamiento de la asistencia a las viudas de los campesinos fallecidos, entre otras acciones.
En este punto se destaca el plan de acción de la alianza público-privada para la eliminación de la Pobreza extrema, que fue iniciado en la mencionada zona, implementado por todas las instituciones del Poder Ejecutivo, cuyos componentes serán ampliados más adelante si así fuere necesario.
Respecto a la situación de las personas detenidas y su debida salvaguarda, el Ministerio del Interior se encuentra implementando las recomendaciones del Subcomité de Prevención contra la Tortura a través del “Proyecto de Sistematización de Registro de Detenciones en las Comisarías del Paraguay”.
También se encuentra trabajando en la validación de la “Política Nacional de Seguridad Ciudadana”, la cual aborda la Prevención y control de la violencia y el delito, con ejes transversales de Derechos Humanos, violencia de género, participación ciudadana y lucha contra la impunidad.
De igual forma, un importante avance representa la instalación en la Policía Nacional, de un mecanismo de Administración del Talento Humano con el objetivo de que cada personal policial sea asignado a sus lugares de labor conforme su perfil e historial entre otros avances presenta en su informe Paraguay ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
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