En el capítulo dedicado a Venezuela, Human Rights Watch (HRW) expresa que durante la presidencia de Hugo Chávez, “la acumulación de poder en el ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el gobierno intimide, censure y enjuicie a venezolanos que critican al presidente o se oponen a su agenda política. El Presidente Chávez y sus partidarios han abusado de su poder en una gran variedad de casos que han afectado al poder judicial, los medios de comunicación y defensores de derechos humanos”, comienza diciendo el informe.
Luego señala que: “Si bien aún son muchos los venezolanos que continúan criticando al gobierno, la posibilidad de enfrentar represalias similares —a través de acciones estatales arbitrarias o abusivas— ha debilitado la capacidad de los jueces de pronunciarse en casos con fuertes implicancias políticas, y ha obligado a periodistas y defensores de derechos humanos a medir las posibles consecuencias de publicar información u opiniones críticas sobre el gobierno”.
Independencia judicial
Sobre la falta de independencia judicial, Human Rights Watch destaca que “En 2004, Chávez y sus aliados en el poder legislativo implementaron un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, que incluyó designar a partidarios del gobierno en el Tribunal y adoptar nuevas medidas que permitieron destituir a sus magistrados. Tras renovar una vez más su composición con partidarios de Chávez en 2010, el Tribunal prácticamente ha renunciado a su rol de contralor del poder ejecutivo. Sus miembros han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado en forma pública su compromiso con promover la agenda política del Presidente Chávez. Este compromiso político se ha reflejado en las sentencias dictadas por el Tribunal, que han avalado una y otra vez decisiones del gobierno que no tienen en cuenta las normas internacionales de derechos humanos.
Los jueces cuyos pronunciamientos contradigan los intereses del gobierno pueden sufrir represalias. En diciembre de 2009, la Jueza María Lourdes Afiuni fue detenida el mismo día en que concedió la libertad condicional a un crítico del gobierno que había permanecido en prisión preventiva durante casi tres años, acusado de corrupción. Si bien la decisión de Afiuni daba cumplimiento a una recomendación emitida por monitores de derechos humanos de las Naciones Unidas —y era acorde con el derecho venezolano— fue arrestada inmediatamente. Un juez provisorio que había declarado públicamente su lealtad al Presidente Chávez dispuso su procesamiento. El día siguiente a la detención, en declaraciones públicas Chávez calificó a Afiuni de “bandida” y afirmó que debía recibir la pena máxima de 30 años de prisión. Afiuni permaneció durante más de un año en prisión preventiva y en condiciones deplorables junto a otras convictas, muchas de ellas condenadas en su propio tribunal, que la amenazaron de muerte en varias oportunidades. En respuesta a las críticas vertidas por organismos internacionales de derechos humanos, en febrero de 2011 Afiuni fue beneficiada con arresto domiciliario, situación en la cual continúa a la fecha de este informe, a la espera de un juicio”, señala la organización defensora de los derechos humanos.
Libertad de los medios de comunicación
“El gobierno de Chávez ha ampliado y ejercido en forma abusiva su potestad de regular los medios de comunicación. Si bien en la prensa escrita aún es habitual que se critique duramente al gobierno, en el canal de televisión privado Globovisión y algunos otros medios se ha generalizado la autocensura por temor a represalias del gobierno.
Entre las normas que han contribuido al clima de autocensura, se incluyen las reformas efectuadas al Código Penal en 2005, a través de las cuales se amplió el alcance de las leyes de desacato que penalizan las expresiones que se consideran ofensivas para funcionarios de alto rango, y una ley de radio y televisión que permite la suspensión arbitraria de estaciones y canales por el delito de “incitación”, definido de manera sumamente vaga. En diciembre de 2010, la Asamblea Nacional extendió el alcance de esta ley e incluyó a Internet”, explica el informe
Defensores de derechos humanos
Human Rights Watch (HRW), denuncia que: “El gobierno de Chávez ha intensificado sus acciones destinadas a marginar a los defensores de derechos humanos del país acusándolos reiteradamente de procurar atentar contra la democracia venezolana con la colaboración del gobierno de Estados Unidos. Si bien algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han recibido financiamiento de fuentes estadounidenses —una práctica común entre organizaciones independientes de toda América Latina— no existen pruebas creíbles de que la independencia e integridad de su trabajo se haya visto comprometida a causa de esto.
Estas acusaciones infundadas del gobierno se tornaron aún más peligrosas cuando partidarios de Chávez presentaron varias denuncias penales contra algunas de las principales ONG del país por recibir financiamiento del exterior. A su vez, el Tribunal Supremo determinó en 2010 que las personas u organizaciones que reciban financiamiento del exterior podrían ser juzgadas por “traición a la patria” de conformidad con una disposición del Código Penal, que prevé una pena de prisión de hasta 15 años para cualquiera “que facilite directa o indirectamente al país o República extranjera […] le entregue o reciba de ellos suma de dinero […] que puedan emplearse en perjuicio de la República Bolivariana de Venezuela…
Estas medidas destinadas a perseguir y desacreditar a defensores de derechos humanos han propiciado un entorno donde estos se sienten más vulnerables a actos de intimidación por parte de funcionarios gubernamentales y a la violencia y las amenazas de sus partidarios”.
Abusos policiales
Human Rights Watch subraya que: “Los delitos violentos son comunes en Venezuela y las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de seguridad continúan siendo una práctica recurrente. El Ministro del Interior y de Justicia estimó que en uno de cada cinco delitos, los responsables son policías. Según las estadísticas oficiales más recientes, 7.998 personas habrían muerto a manos de miembros de las fuerzas de seguridad pública entre enero de 2000 y los primeros cuatro meses de 2009.
La mayoría de estos abusos policiales continúan quedando impunes. En 2011, tan sólo en menos del 4 por ciento de los casos investigados los fiscales acusaron a alguna persona en relación con estos delitos”, explica Human Rights Watch.
Los abusos en Cuba
Human Rights Watch afirma que “Cuba sigue siendo el único país de América Latina donde se reprimen casi todas las formas de disenso político. En 2012, el gobierno de Raúl Castro continuó imponiendo el consenso político a través de medidas como detenciones arbitrarias por períodos breves, golpizas, actos de repudio y exilio forzado.
Los cubanos que se atreven a criticar al gobierno son objeto de acciones penales. No se reconocen a estas personas las garantías de debido proceso, como el derecho a que su caso sea oído públicamente por un tribunal competente e imparcial. En la práctica, la justicia está “subordinada” al poder ejecutivo y legislativo, y esto excluye la posibilidad de independencia judicial efectiva. Se niega sistemáticamente a los presos políticos la libertad condicional cuando cumplen la pena mínima prevista, en represalia por negarse a participar en actividades ideológicas como las clases de “reeducación”.
La muerte del preso político Orlando Zapata Tamayo ocurrida en 2010 después de una huelga de hambre de 85 días, a la cual posteriormente también se plegó el disidente Guillermo Fariñas, incidió en la decisión del gobierno cubano de liberar a los presos políticos del “grupo de los 75” (es decir, los 75 disidentes que habían recibido largas penas de prisión en el marco de un operativo represivo efectuado en 2003). No obstante, la mayoría fueron obligados a optar entre continuar en prisión o el exilio forzado, y muchos otros disidentes han tenido que dejar el país para evitar ser encarcelados.
Decenas de presos políticos aún permanecen en las prisiones cubanas, según han indicado diversas organizaciones de derechos humanos en la isla. Estas organizaciones estiman que son muchos más los presos políticos cuyos casos no pudieron ser documentados debido a que el gobierno no permite el acceso por parte de organizaciones independientes de derechos humanos nacionales o internacionales a las cárceles”.
Sin órdenes de arresto
“Son muy pocos los casos en que miembros de las fuerzas de seguridad presentan órdenes de arresto al llevar a cabo una detención, y es común que amenacen a las personas detenidas con la posibilidad de recibir una condena penal si continúan participando en actividades “contrarrevolucionarias”. A veces las víctimas de estos arrestos son mantenidas incomunicadas durante varias horas o incluso días, generalmente en estaciones de policía”.
Libertad de expresión
La organización de derechos humanos denuncia que: “El gobierno controla todos los medios de comunicación de Cuba y limita en forma rigurosa el acceso a información proveniente del extranjero, lo cual cercena profundamente el derecho a la libertad de expresión. Sólo una pequeña fracción de la población cubana tiene la posibilidad de leer artículos y blogs independientes debido al limitado acceso a Internet y su elevado costo.
Si bien unos pocos periodistas y autores de blogs independientes logran escribir artículos para páginas web extranjeras o blogs, quienes usan estos medios para criticar al gobierno son objeto de campañas públicas de desprestigio, detenciones arbitrarias y abusos por parte de agentes de seguridad. Es habitual que las autoridades confisquen sus cámaras, grabadoras y otros equipos. Según la organización de periodistas independientes Hablemos Press, las autoridades detuvieron de manera arbitraria a 19 periodistas en septiembre de 2012, entre ellos Calixto Ramón Martínez Arias, quien a la fecha de este informe aún continuaba detenido sin que se hubieran formulado cargos en su contra.
Defensores de derechos humanos
“El gobierno cubano no está dispuesto a reconocer el monitoreo de los derechos humanos como una actividad legítima, y también niega estatus legal a organizaciones locales de derechos humanos. A su vez, es habitual que autoridades gubernamentales persigan, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que intentan documentar los abusos. Durante la visita del papa Benedicto XVI a Cuba y en las semanas previas, las autoridades detuvieron, golpearon y amenazaron a numerosos defensores de derechos humanos”.
Condiciones en centros de detención
En su informe, Human Rights Watch, señala que: “En las cárceles prevalecen las condiciones de hacinamiento, falta de higiene e insalubridad, que propician la malnutrición y las enfermedades. Más de 57.000 cubanos residen en prisiones o campos de trabajo, según se indica en un artículo publicado en mayo de 2012 por un periódico del gobierno. Los presos que critican al gobierno o realizan huelgas de hambre u otras formas de protesta suelen ser sometidos a un régimen de aislamiento prolongado, golpizas, restricción de visitas familiares y denegación de atención médica. No existe un mecanismo efectivo a través del cual los presos puedan presentar denuncias, y esto permite que las autoridades penitenciarias gocen de absoluta impunidad”.
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