Los reclamados, ex agentes de la DINA, que actuaban bajo las órdenes directas de la Junta Militar de Gobierno chilena, son: Guillermo Humberto Salinas Torres; José Remigio Ríos San Martín; René Patricio Quiholt Palma; Jaime Enrique Lepe Orellana; Pablo Fernando Belmar Labbé y Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, que era además director de dicha organización.
Acusados de delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal, se les atribuye la participación en el proceso de represión sistemática y eliminación de opositores al régimen militar, emprendido por la dictadura chilena durante el año 1976. Dentro de esas actividades, son los presuntos responsables del secuestro, tortura y posterior asesinato del ciudadano español Carmelo Soria, que trabajaba como personal diplomático para Naciones Unidas, cuyo cadáver arrojaron a un canal, simulando un accidente con su propio coche, el 14 de junio de 1976.
Todos ellos se encuentran en Chile, beneficiados por la amnistía concedida por la Corte Suprema chilena en agosto de 2006, por lo cual resulta imposible la persecución eficaz del delito en el lugar de los hechos. Ante eso, la Audiencia Nacional ha solicitado su busca y captura, en aplicación del principio de jurisdicción universal en lo concerniente al delito de genocidio, para proceder a la investigación, enjuiciamiento y fallo del delito apreciado.
*Carmelo Luis Soria Espinoza (Madrid, 5 de noviembre de 1921 – Santiago de Chile, 16 de julio de 1976) fue un diplomático español y miembro de la CEPAL asesinado por agentes de la DINA durante la dictadura chilena. Al inicio de la dictadura de Pinochet aprovechó su inmunidad diplomática para ayudar a varias personas a asilarse en embajadas. El 14 de julio de 1976, cuando regresaba a su casa desde su oficina en la CEPAL, es secuestrado por varios agentes de la Brigada Mulchén de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) donde fue asesinado.
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