Mientras el gobierno central acude al Tribunal Constitucional para que sea este quien dirima sobre la capacidad, o no, de las autonomías para implantar el pago del euro por receta, medida que ya ha implantado la Generalitat de Cataluña, el PP tiene un rebelde dentro de sus propias filas que es Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, que impuso el pago de un euro por receta médica desde el 1 de enero de 2013.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, había recordado que las comunidades autónomas no pueden incidir en la fijación de estos precios de productos sanitarios. “Se considera que vulnera la normativa prevista en el Estado para garantizar la coordinación de la sanidad y la igualdad de los españoles. Esa tasa grava por dos veces la adquisición de medicamentos”, ha justificado.
Ahora bien, la actitud de González no ayuda en nada al gobierno de Rajoy que lucha en varios frentes y que tiene un “quintacolumnista” dentro de sus filas.
¿Cómo se le puede exigir a Cataluña que no aplique la medida si el gobierno regional del PP en Madrid lo aplica? González sabe que este gobierno que recibió sin haber sido votado puede ser el único que dirija, ya que no solo no tiene el carisma necesario para conquistar simpatías y sus medidas no caen bien entre la población madrileña, que a Esperanza Aguirre podría perdonarle muchas medidas, pero a él no. Cuestión de carisma como decíamos antes.
Facua-Consumidores en Acción, plantea la insumisión y señala que al momento de recibir el medicamento, en lugar de abonar el euro, entreguen una carta al farmacéutico con sus datos en la que planteen el rechazo a la tasa y su negativa a pagarla. Rubén Sánchez de Facua ha señalado a los medios de prensa que esta “insumisión fiscal” no va en contra de las farmacias, que “no tienen que ser recaudadoras de impuestos”, sino contra la tasa. “Entendemos que esta medida es un repago más, un atentado contra el sistema público de salud tal y como lo venimos conociendo”, ha subrayado.
Lo grave es que la aplicación informática diseñada para aplicar la medida aún no está lista. No estará operativa hasta febrero, así que el euro se cobrará, pero no se podrá saber si el paciente ha alcanzado el tope de los 72 euros, que a partir de esa suma dejará de cobrarse a la persona que requiere el o los medicamentos.
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid pidió a la Comunidad el retraso en la implantación del sistema informático, una aplicación llamada Siscata que permite conocer de forma automática cuándo un usuario ha llegado al máximo de 72 euros, pero el ejecutivo madrileño siguió adelante con la medida que ya rige.
Habrá que esperar a la resolución del Tribunal Constitucional para conocer si la imposición del pago del euro por receta médica es legal o no.
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