El portavoz en Ginebra de la Alta Comisionada, Rupert Colville, recordó que apenas el 25 de enero pasado, un motín en la cárcel de Uribana dejó un saldo de 58 muertos y cerca de cien heridos tras un operativo de decomiso de armas.
“Este último ejemplo refleja el alarmante patrón de violencia de las prisiones de Venezuela, lo cual es una consecuencia directa de las pobres condiciones en que se encuentran”, dijo.
Explicó que la sobrepoblación crónica, la falta de acceso a los servicios básicos y la presencia generalizada de armas de fuego son comunes en las cárceles venezolanas.
Colville agregó que esa situación se agrava debido a las demoras judiciales y al uso excesivo de la detención previa al juicio y agregó que: “Los Estados son los garantes de la vida e integridad física de las personas privadas de su libertad. Estas personas están bajo custodia del Estado y por lo tanto las autoridades estatales competentes tienen la responsabilidad de lo que les sucede ”
La Alta Comisionada pidió a las autoridades venezolanas llevar a cabo cuanto antes una investigación efectiva del incidente en Uribana para identificar a los responsables.
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