Los máximos representantes del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Honduras, acordaron instalar una mesa de diálogo con el objetivo de garantizar los cimientos de la democracia en el país centroamericano, ante las controversias presentadas entre estos estamentos, tras que el Parlamento de este país, aprobó destituir a cuatro magistrados de la Corte Suprema que habían rechazado el plan del presidente de Gobierno para depurar a policías corruptos.
Ante esto el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Alberto Rivera Avilés y el señor Fiscal General, Luis Alberto Rubí, se reunieron junto al jefe de Estado, Porfirio Lobo Sosa, para debatir y expresar su compromiso con la paz y seguridad del país, que en los momentos actuales, según el ejecutivo, es imperativo para la tranquilidad del pueblo hondureño.
“Hemos iniciado un intenso diálogo con el propósito de asegurar la necesaria complementariedad en el ejercicio de nuestras respectivas funciones, respetando los principios de independencia”, se informó desde el Gobierno.
En este sentido se garantizó a los habitantes hondureños, no solamente a ser protegidos de las agresiones de otras personas, sino también de cualquier abuso del poder público.
En esta línea trascendió que los presidentes de los tres poderes y el Fiscal General, han acordado y establecido la necesidad de abrir una mesa de diálogo nacional a fin de conversar sobre los retos actuales que tiene el país, con el objetivo de entregar las soluciones más efectivas que en el corto y mediano plazo a la sociedad hondureña.
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