A través de un comunicado CCOO señala que “El anteproyecto de la Ley de la reforma integral de los Registros civiles, que está a punto de aprobar el Consejo de Ministros, contiene modificaciones radicales para la tramitación de todos los actos, hechos y circunstancias que guardan relación con la identidad de las personas.
La entrada en vigor de esta ley supone que los ciudadanos deberemos pagar por todas las inscripciones y certificaciones que hasta el momento eran gratuitas, porque eran prestadas por funcionarios públicos sin ánimo de lucro (Jueces, Secretarios y Funcionarios Judiciales), mientras lo que pretende el Ministerio de Justicia es entregar todas esas actuaciones a los registradores de la propiedad y mercantiles que cobrarán por esos mismos servicios.
No se le oculta a nadie que la aprobación de esta reforma de los registros puede estar plagada de “conflicto de intereses o de captura del regulador”, porque entregar desde el Ministerio de Justicia a los registradores, que son funcionarios públicos pero que no cobran de los presupuestos del Estado sino de los aranceles que pagan los usuarios de los servicios que prestan, la gestión de los registros civiles, plantea como mínimo la duda más que razonable de si el proceso no está viciado desde su comienzo.
El anteproyecto de reforma integral de los registros civiles contiene, entre otras, las disposiciones siguientes:
Los encargados de los registros serán los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, a los que se asigna la llevanza de todos los registros jurídicos. Se les otorgan funciones de coordinación, cooperación, vigilancia e inspección de los registros. Serán designados por el Ministerio de Justicia y nombrados por la Comunidad Autónoma.
Se reduce el número de registros civiles a una por provincia, una en cada isla de las Baleares y Canarias así como en Ceuta y Melilla. Elimina el Registro civil central.
Se atribuye a los notarios la competencia de celebración del matrimonio civil, así como de la tramitación del expediente previo y de la escritura pública que será remitida al Registro Civil. Por tanto, el matrimonio civil, competencia del Juez o Alcalde hasta el momento, deja también de ser gratuito.
Se introduce una clara discriminación contra el matrimonio civil respecto al religioso.
Mientras los ciudadanos deberán pagar por las inscripciones y certificaciones, las Administraciones Publicas estarán exentas de coste.
El personal funcionario que preste servicios en los registros civiles únicos o en Juzgados con competencias en materia de registro civil perderá su plaza y serán reordenados para cubrir las vacantes que existan en los órganos judiciales. No se garantiza ni siquiera que mantendrán como mínimo las retribuciones de origen y tampoco que no serán reordenados mediante procedimientos de movilidad geográfica forzosa.
La privatización de los registros civiles se hace después de que con cargo a los impuestos de los ciudadanos, el ministerio de Justicia haya gastado más de 128 millones de euros en la modernización e informatización de los registros civiles, y ahora se entregue a los intereses privados no sólo la gestión y cobro a los ciudadanos por actos obligatorios.
Para CCOO la actitud del Gobierno, tras la aprobación de la inaceptable Ley de Tasas, alcanza cotas insoportables con este nuevo paso dado en la misma dirección de privatizar la Administración de Justicia: los ciudadanos con ingresos reducidos verán imposible en el futuro inmediato su acceso a la Justicia debido a la ley de Tasas, y ahora, se añadirán más dificultades para poder solicitar los certificados obligatorios imprescindibles como los de nacimiento, defunción, matrimonio….., al tener que pagar por ellos, doblemente, con los impuestos y con los aranceles”, termina expresando el comunicado de CCOO.
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