Tras la crisis, un nuevo estudio del FMI recomienda afianzar las normas sobre declaración de datos fiscales, promover una adopción más rápida de esas normas en los países miembros y mejorar la manera en que el FMI y otros organismos vigilan la transparencia fiscal.
Según el FMI, pese a los avances realizados hasta la fecha, los gobiernos aún no tienen del todo claros la situación fiscal de base ni los riesgos que la rodean. Así lo demostraron las deudas y los déficits fiscales que la crisis sacó a relucir en Grecia y Portugal. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos, donde los problemas financieros de empresas semipúblicas como Fannie Mae y Freddie Mac pasaron mayormente inadvertidos hasta que se necesitaron rescates estatales.
En otros casos, en países con extensos sectores bancarios como Irlanda, Islandia y el Reino Unido, el shock más fuerte para las finanzas públicas fue producto de la cristalización de grandes pasivos —principalmente implícitos— del gobierno ante el sector financiero.
Estas deficiencias de la transparencia fiscal se debieron a una combinación de lagunas e incompatibilidades de las actuales normas sobre declaración de datos fiscales, demoras y discrepancias de la adhesión de los países a dichas normas, y una falta de vigilancia multilateral eficaz del cumplimiento de las normas.
Afianzamiento de la transparencia
El estudio del FMI enumera los elementos de un programa de revitalización de la transparencia fiscal encaminado a corregir las deficiencias de las normas y las prácticas que dejó expuestas la crisis y a impedir la reaparición de la opacidad como consecuencia de la creciente presión a la que se encuentran sometidas las finanzas públicas.
Asimismo, examina la relación entre la transparencia fiscal y los resultados en materia fiscal, y el avance de la promoción de la transparencia fiscal a lo largo de la última década; analiza las lecciones de la reciente crisis para las normas y prácticas sobre transparencia fiscal, y los mecanismos de vigilancia; y formula una serie de recomendaciones para revitalizar la promoción de la transparencia fiscal a escala mundial tras la crisis.
En la práctica, esto significa:
Mejoras de las normas sobre declaración de datos fiscales, incluido el Código de buenas prácticas de transparencia fiscal del FMI. Será necesario ampliar la cobertura institucional de los informes fiscales; reconocer una variedad más amplia de flujos, activos y pasivos; y elaborar nuevas normas para el control del riesgo y las proyecciones fiscales.
Un esfuerzo más concertado por acelerar la implementación de las normas. Ello requiere actuar a nivel nacional para afianzar los grupos que dentro de cada país promueven la transparencia fiscal, como las legislaturas, las instituciones supremas de auditoría y los consejos fiscales. A nivel internacional, el FMI y otras instituciones multilaterales deben brindar un asesoramiento más práctico sobre cuestiones como la adopción de la contabilidad en valores devengados y la supervisión fiscal de sociedades públicas.
Vigilancia internacional más estricta del cumplimiento de los países con las normas. En particular, el FMI debe reemplazar el actual Informe sobre observancia de códigos y normas en materia de transparencia fiscal por un sistema más analítico, modular y graduado de evaluación de las prácticas que siguen los países para declarar datos fiscales y sus resultados.
Opinión
