El documento resalta que las decisiones contra el Paraguay se tomaron teniendo en cuenta los tratados constitutivos de Unasur, en los que se establece la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto a los derechos humanos como condiciones esenciales para el desarrollo y los procesos de integración.
Afirma la Declaración del Consejo de Jefas y Jefes de Estado de Unasur que los resultados de la misión de Cancilleres y el secretario general de Unasur, que concurrieron al Paraguay los días 21 y 22 de junio, para conocer in situ la situación del juicio político a Lugo y su convicción de inexistencia del derecho al debido proceso y garantías, son causales para sus determinaciones.
Por tanto, la declaración expresa su más enérgica condena a lo que llama “ruptura del orden democrático en el Paraguay, ejecutado mediante proceso sumarísimo” y que lleva a la suspensión al Paraguay de su participación en los órganos e instancias de Unasur, hasta tanto el Consejo de Jefas y Jefes de Estado revoque tal suspensión.
Agrega la declaración que se dio por concluido el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore paraguaya de la Unión y se la trasladó a Perú, al tiempo que llama a promover la suspensión del Paraguay de todos los foros y mecanismos de diálogo y concertación política e integración de la región, de acuerdo con sus propios estatutos y reglamentos.
Por último, el propio documento plantea la creación de un grupo de alto nivel de Unasur para el seguimiento y evaluación de la situación en el Paraguay, en particular dirigido a a la pronta normalización de su orden democrático institucional.
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