El Presidente de México, Felipe Calderón promulgó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, iniciativa conocida como la Ley contra el lavado de dinero.
El ejecutivo argumentó que la normativa, busca intervenir en los movimientos financieros que realizan el crimen organizado y el narcotráfico en el país azteca, de manera de dotar de más herramientas jurídicas para el combate de este flagelo.
Dentro de esto se destaca la mayor información recabada por parte de los intermediarios en el proceso de comercialización, ya que esta instancia tendrá la obligación de solicitar datos de las personas que realizan transacciones, como verificar la identidad de sus clientes y usuarios, solicitar información sobre su actividad, ocupación o fuente de ingresos, así como conservar y proteger por cinco años la documentación.
La normativa plantea sanciones a quienes incurran en la utilización de elevadas transacciones de dinero, por medio de operaciones comerciales y financieras susceptibles de utilizarse para lavar dinero, por lo que la ley establece restricciones en este proceso.
Dentro de estas actividades, se encuentran “las vinculadas a la práctica de juegos de apuesta, concursos o sorteos, la comercialización de tarjetas de crédito o prepago, como en el caso de las tiendas departamentales, el otorgamiento de préstamos o créditos como los otorgados por casas de empeño, la construcción, desarrollo o compra-venta de bienes inmuebles, la comercialización de obras de arte y piedras preciosas, así como la adquisición de vehículos, aviones y yates”, se informó desde el gobierno mexicano.
De la misma forma la normativa detalla que organismos financieros como los bancos y las casas de cambio, deben entregar reportes periódicos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las acciones consideradas como vulnerables por la propia ley.
Opinión
