
El pedido fue realizado en ocasión del juramento de Guerrero como Fiscal General del Estado Plurinacional en el hall de la Vicepresidencia, con la presencia del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, las presidentas de las cámaras de Diputados y Senadores, asambleístas, representantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional e invitados especiales.
En la oportunidad el Presidente demandó del nuevo Fiscal una justicia con independencia política, económica y sobre todo que esté al margen de la intromisión de Estados Unidos.
“Quisiéramos una justicia que tenga independencia política, económica y quiero decir especialmente una independencia del imperio norteamericano”, pidió el Primer Mandatario.
Morales recordó que cuando asumía como dirigente cocalero en todas las movilizaciones de protesta se encontraba con el entonces Fiscal Daniel Humerez, y que luego de una investigación se comprobó que esa autoridad recibía un sueldo extra de la embajada de Estados Unidos con el propósito de enjuiciar y encarcelar a los dirigentes movilizados que exigían sus reivindicaciones sociales.
El Jefe de Estado también exigió a la nueva autoridad del Ministerio Público enjuiciarlo si existieran documentos y pruebas en su contra de alguna eventual irregularidad que cometiera su persona, para evitar cualquier duda de su idoneidad como Fiscal.
El Vicepresidente, en su discurso, resumió tres etapas de su vida en las que se encontró con fiscales. La primera, cuando fue detenido y remitido a la cárcel, circunstancia en la que la primera autoridad del Ministerio Público ordenó que se lo torture psicológica y físicamente para que firme un documento con el que no estaba de acuerdo, vulnerando no solamente sus derechos humanos, sino la de sus compañeros.
La segunda, ya como Vicepresidente, al instaurar un proceso contra un dirigente político que acusó al Gobierno de recibir dinero del narcotráfico, pero que a tres años de iniciada esa demanda no existe avance ni una respuesta.
La tercera, cuando se enteró de que hay autoridades judiciales y fiscales que usan su nombre y la del Presidente del Estado para emitir fallos y posiblemente para beneficiarse económicamente.
“Queremos una justicia que proteja los derechos humanos, un Ministerio Público que haga su trabajo rápido. (…) No queremos fiscales y jueces que extorsionen que roben, que trafiquen con dinero de la gente, ningún fiscal o juez tiene por qué levantar el nombre del Presidente ni del Vicepresidente para tomar decisiones, si están levantando nuestros nombres le vamos a abrir juicio inmediatamente”, dijo el segundo mandatario.
A su turno, el flamante Fiscal General anunció la evaluación de los funcionarios del Ministerio Público en el marco de la lucha contra la corrupción y transformación del sistema de justicia en Bolivia para recuperar la confianza y credibilidad del pueblo boliviano.
“En toda la actual estructura del Ministerio Público haremos una evaluación de desempeño de todos y cada uno de los servidores públicos, actuaremos de manera transparente y quienes tengan que quedarse por su capacidad, idoneidad y transparencia en su trabajo se quedarán, pero quienes tengan situaciones nada claras, denuncias de corrupción o sus actuaciones no estén de acuerdo a la Ley y la moral, habrá que limpiar el Ministerio Público, es el compromiso que asumimos”, advirtió.
“Sepa el pueblo de Bolivia y la ciudadanía que haremos todo y actuaremos en el marco de la Constitución Política del Estado, nos basaremos en la Ley del Ministerio Público y nos basaremos en las leyes y los procedimientos que establecen en nuestro país, no estaremos sometidos a ningún poder ni ningún grupo y nuestra conducta será de cara al pueblo”, concluyó la flamante autoridad del Ministerio Público.
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