CIDH urge a investigar masacre de indigenas en Venezuela; gobierno rechaza acusación

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa en un comunicado, su más profunda preocupación ante la denuncia sobre una masacre que habría tenido lugar en la Comunidad de Irotatheri, del pueblo Indígena Yanomami, en el Municipio de Alto Orinoco, Estado de Amazonas, Venezuela.
Según información hecha pública recientemente, mineros ilegales, también conocidos como garimpeiros, habrían atacado el pasado mes de julio un shabono (vivienda comunitaria) en la que se encontraban aproximadamente ochenta miembros de la Comunidad de Irotatheri del Pueblo Yanomami. La información indica que algunos sobrevivientes habrían visto cómo los ocupantes de un helicóptero dispararon contra todos los miembros de la Comunidad, incluyendo niñas, niños y ancianos.
El Ministerio Público de Venezuela anunció públicamente que iniciaría investigaciones sobre estos hechos. Días después, la ministra para Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, anunció que no se encontró evidencia de la masacre, y el ministro del Interior y Justicia, Tareck el Aissami, indicó que la delegación no encontró ningún signo de violencia.
Por su parte, la Coordinación de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) emitió un comunicado expresando preocupación porque la comisión investigadora gubernamental no llegó a la Comunidad de Irotatheri, lugar donde habría ocurrido la matanza. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva hasta determinar en forma concluyente lo ocurrido.
Los Estados están obligados por el derecho internacional de los derechos humanos a esclarecer judicialmente los graves actos de violencia denunciados, sancionar a los responsables y reparar las consecuencias. A este respecto, la Comisión valora el cumplimiento de las recomendaciones en materia de justicia contenidas en el Informe de Fondo del Caso 11.745, 16 indígenas Yanomami vs. Brasil, sobre la masacre de 16 indígenas Yanomami perpetrada en 1993 por mineros ilegales de origen brasileño (garimpeiros), en la región de Haximú, Venezuela.
Asimismo, los Estados están obligados a adoptar medidas efectivas dirigidas a proteger la vida e integridad de los miembros del pueblo Indígena Yanomami, frente a los ataques que sufren por parte de terceros interesados en los recursos naturales que existen en sus territorios ancestrales. Al respecto, la CIDH recuerda el compromiso asumido por el Estado venezolano en el acuerdo de solución amistosa suscrito en el Caso 11.706 (Pueblo Indígena Yanomami de Haximú v/s Venezuela) que consta en el Informe de Solución Amistosa aprobado por la CIDH el 20 de marzo de 2012. En dicho acuerdo, el Estado venezolano se comprometió a promover el establecimiento de un “Plan de Vigilancia y Control Conjunto y Permanente, para monitorear y controlar la entrada de garimpeiros y la minería ilegal en el área Yanomami”.
La CIDH dirigió solicitudes de información sobre estos hechos a los Gobiernos de Venezuela y de Brasil.
Venezuela protesta por acusaciones de la CIDH
El Canciller de venezolano, Nicolas Maduro, denunció que la Corte Interamericana de los Derechos Humamos (CIDH) viola su propia convención al emitir comunicados y opiniones, sin tener la información de las investigaciones que realiza Venezuela sobre la supuesta “matanza” de indígenas Yanomamis.
“Ellos califican la supuesta masacre a los pueblos indígenas, están violando la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos. No dan tiempo para investigar y califican de manera previa”, manifestó Maduro.
La CIDH publicó un comunicado para “exigir” a Venezuela una investigación sobre lo que tildaron como “masacre” contra un un grupo de indígenas Yanomamis. Ese mismo día, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, rechazó la acción de la comisión interamericana por constituir un hostigamiento.
La fiscal destacó que una comisión del Ministerio Público viajó al supuesto sitio del hecho y “en ninguna de estas comunidades ni en el recorrido que hizo el equipo se pudo constatar que hubiese tal hecho donde presuntamente mataron a tal cantidad de yanomamis”.
El Canciller comentó que en la legación diplomática de Venezuela en Washington se recibió una llamada de parte de un secretario de la CIDH, quien le comunico a la embajadora alterna, Carmen Velásquez, que la Corte quería emitir un comunicado sobre la supuesta masacre.
La respuesta de Velásquez fue: “aquí no ha sucedido eso, espere para tener una conversación”. Sin embargo, a los pocos instantes de la conversación, ya el comunicado estaba publicado en diversos medios de comunicación, explicó el jefe de la diplomacia venezolana.
“Ellos son los máximos violadores de los derechos humanos”, agregó Maduro que nada dijo sobre la
Por su parte, el presidente venezolano, Hugo Chávez, reiteró que “esa comisión sin tener ninguna prueba ya le están exigiendo al Gobierno que investigue la supuesta masacre y ya la dan por hecho, sin pruebas”.
Sin embargo, ni Chávez ni Maduro, mencionaron la denuncia de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM)que expresa públicamente que la comisión investigadora gubernamental de Venezuela no llegó a la Comunidad de Irotatheri, lugar donde habría ocurrido la matanza.