Acusan a autoridades del gobierno de Bolivia de tener nexos con el narcotráfico

El gobierno de Bolivia rechaza por segunda vez las acusaciones de la revista brasileña Veja, que en su última publicación denuncia nuevamente a autoridades bolivianas implicándolas con el narcotráfico, afirmó el ministro Carlos Romero, adjuntando un informe de la policía antidroga que certificó que los aludidos en el artículo periodístico de Veja, no tienen vínculos con esa actividad ilícita.
Según destaca la Agencia Boliviana de Información (ABI), el ministro Carlos Romero expresó que “Yo le resto seriedad a esa revista no solamente porque hizo este tipo de publicaciones, sino porque permanentemente se ha referido al Gobierno boliviano, a sus acciones, a sus autoridades y al Presidente”, subrayó en una rueda de prensa.
A su juicio, la revista brasileña incluye artículos de manera malintencionada y dirigida, y afirmó que nunca identificó las fuentes que sustenten esas publicaciones.
“Lo que vale es el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), que luego de una investigación certificó que las personas aludidas en esa publicación no están implicadas en actos relativos al narcotráfico”, remarcó.
Dijo que con ese informe la FELCN desvirtúa el contenido de la publicación de Veja de Brasil que acusa al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y al ex ministro de Gobierno, Sancha Llorenti, de vínculos con el narcotráfico.
En 2011 Llorenti denunció una campaña para estigmatizar a Bolivia como un “narco-Estado” desatada por el ex ministro de Defensa (2003) y prófugo en Estados Unidos, Carlos Sánchez Berzaín, a través del analista Dougas Farah, que en esa época realizó un reportaje en la cadena estadounidense Univisión.
La denuncia de la revista Veja
La publicación brasileña, expresa en un artículo titulado “La República de la cocaína” basado en informes de la propia policía boliviana, que “Apenas un tercio de la coca plantada en su país (Bolivia) satisface dicha demanda. El resto abastece el narcotráfico, y como consecuencia, contribuye a corromper la vida de casi un millón de brasileros y de sus familias”.
Luego agrega: “Veja tuvo acceso a los informes producidos por una Unidad de Inteligencia de la Policía Boliviana, que revela entre otros hechos, una conexión directa entre el hombre de confianza de Evo Morales, Ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana, y un narcotraficante brasileño que actualmente cumple su pena en la penitenciaria de máxima seguridad de Catanduvas, en Paraná”.
Entre otras acusaciones la revista involucra al Ministro de la Presidencia boliviana, Juan Ramón Quintana, y a la Directora de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF) en Beni, Jessica Jordan, con un convicto narcotraficante brasileño Maximiliano Dorado Munhoz Filho, que según la denuncia este Max, como también se le conoce, y su banda poseían haciendas en Guajará-Mirim y en otras ocho ciudades de Rondonia, donde recogían la droga lanzada desde aviones bolivianos.
Mensualmente, la banda de Max recibía unos 500 kilos de cocaína que luego eran transportados a San Paulo y Río de Janeiro. El narcotraficante huyó de la cadena Urso Branco, en Rondonia en el 2001, y para entonces se sospechaba que estaba escondido en Bolivia. De hecho, tenía un inmueble en la calle Chiribital, esquina con Pachiuba, en un barrio noble de Santa Cruz de la Sierra, señala la publicación de Brasil-