El Tribunal Supremo Federal de Brasil ha comenzado el juzgamiento de los políticos involucrados en el caso.
La sesión inaugural fue ayer jueves y continuará este viernes, ante la conmoción que ha causado el comienzo del juicio, cuyo descubrimiento hizo tambalear, en su momento, a la administración del entonces presidente Lula.
Al caso de corrupción se le conoce como “el mensalao” una presunta mesada que recibían los parlamentarios por apoyar al gobierno de Lula da Silva.
Los políticos son acusados de asociación para delinquir, peculado, lavado de dinero, corrupción y fraude. Las penas estipuladas para estos delitos en el código penal de Brasil, pueden llegar hasta los 45 años de penitenciaria.
Los acusados responderán en el juicio por una trama de compra de apoyos en el Congreso bajo el primer gobierno de Lula (2003-2007).
Uno de los principales acusados es José Dirceu – exjefe de gabinete del expresidente Lula da Silva y quien es señalado como el cabecilla de la trama de corrupción y sobornos.
El Tribunal Supremo Federal de Brasil, ha emitido un comunicado donde expresa, entre otros conceptos que:
“Cerrada la sesión plenaria de este jueves (2), después de leer, el Ministro Joaquim Barbosa, el resumen de su informe, el juicio de la acción penal (AP) 470 por el Tribunal Supremo reanudará este viernes (3), de 14:00, con la manifestación de la Procuraduría General de la República, Roberto Gurgel. Tendrá hasta cinco horas para hacer los argumentos orales del enjuiciamiento de los 38 acusados.
Por el calendario establecido, la manifestación de la Procuraduría General tendrá lugar en la primera sesión del proceso de prueba. La defensa del acusado José Roberto Salgado, sin embargo, planteada la cuestión de orden en el que pidieron la ruptura del proceso en relación con el acusado sin la prerrogativa de foro en el STF. El análisis de la solicitud, que fue aprobado en sesión plenaria por los abogados del acusado Marcos Valério y José Genoíno, aplazó la exposición del Fiscal General”, señala el informe del Tribunal Supremo.
En el final, el documento señala que:
“El informe contiene los delitos imputados a los acusados en la denuncia formulada por la PGR (conspiración, activo y pasivo de corrupción, malversación, blanqueo de dinero, evasión fiscal y mala gestión de la institución financiera), los principales puntos de la acusación y de las defensas y un resumen de las actuaciones desde el querellante ofreciendo en 2245, convierten en 470 de acción penal. La denuncia fue recibida por el Tribunal en 2007”.
Opinión
