Argentina acusa a Uruguay por dragado de canal y pide juzgar a ex embajador

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El canciller de Uruguay, Luis Almagro y su par de Argentina, Héctor Timerman
En un comunicado emitido este sábado, el ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, expresa que reitera su pedido de que Uruguay responda afirmativamente el exhorto de la Justicia argentina, recibido en Uruguay el 4 de julio, solicitando la comparecencia del Embajador Francisco Bustillo para declarar sobre las informaciones de prensa que lo involucran en supuestos intentos de la empresa uruguaya Riovía de corromper el proceso de dragado y profundización del Canal en cuestión.
En el mismo comunicado la Argentina solicita nuevamente al Gobierno de José Mujica que suspenda la inmunidad diplomática del Embajador Bustillo en la causa por la importación indebida de automóviles extranjeros. El embajador Bustillo es el único diplomático involucrado cuyo país no ha otorgado el levantamiento de la inmunidad diplomática para que sea investigado por la Corte Suprema argentina luego de que el Juez interviniente comprobó la participación del Embajador Bustillo como así también la intermediación de firmas fantasmas y adulteración de documentación entre los vehículos pertenecientes al Embajador Bustillo.
El hecho sobre la importación de vehículos que esgrime la cancillería argentina, habría ocurrido durante el gobierno en Uruguay de Tabaré Vázquez del izquierdista Frente Amplio, época en la que Bustillo, fue nombrado como representante diplomático uruguayo en Buenos Aires, donde tenía franquicias diplomáticas para la importación de un vehículo.
El comunicado oficial de Argentina, expresa los siguiente:
“Luego de varios pedidos de la Cancillería argentina para que Uruguay aclare las dudas que su propio Tribunal de Cuentas informó que surgían de las declaraciones del Embajador Francisco Bustillo respecto de la administración del Canal Martín García, ayer, finalmente, el gobierno uruguayo dejó trascender que enviará toda la documentación a la Justicia de su país.
Con el mismo objetivo de aclarar cualquier hecho incorrecto relacionado con el Canal Martín García, Argentina reitera su pedido de que Uruguay responda afirmativamente el exhorto de la Justicia argentina, recibido en Uruguay el 4 de julio, solicitando la comparecencia del Embajador Bustillo para declarar sobre las informaciones de prensa que lo involucran en supuestos intentos de la empresa uruguaya Riovía de corromper el proceso de dragado y profundización del Canal en cuestión.
A su vez, la Argentina solicita nuevamente que la República del Uruguay suspenda la inmunidad diplomática del Embajador Bustillo en la causa por la importación indebida de automóviles extranjeros.
El embajador Bustillo es el único diplomático involucrado cuyo país no ha otorgado el levantamiento de la inmunidad diplomática para que sea investigado por la Corte Suprema argentina luego de que el Juez interviniente comprobó la participación del Embajador Bustillo como así también la intermediación de firmas fantasmas y adulteración de documentación entre los vehículos pertenecientes al Embajador Bustillo.
Llama la atención que la razón esgrimida por el gobierno uruguayo sea, casualmente, que el Embajador Bustillo preside la Comisión del Río de la Plata que tiene jurisdicción en el Canal Martín García.
La actitud de la República del Uruguay contrasta con la actitud de las Repúblicas de Bolivia y Congo que ordenó a sus diplomáticos a someterse a la justicia argentina en la misma causa.
Cabe recordar que el 3 de marzo de 2007 el embajador Bustillo solicitó dos (2) franquicias para importar sin impuestos dos automóviles porsche 911 valuados en USD 98.000 cada uno, en clara contravención a la Circular Diplomática 6/2000, cuyo trámite concluyó en las Franquicias Nº 154 y 155/2007. Tres años antes habían ingresado al país dos franquicias de vehículos BMW M3 y BMW X5. Cuatro autos cuyos diseños distan bastante de los utilizados por el cuerpo diplomático.
La República Argentina reitera el interés estratégico que tiene el dragado del Canal Martín García para el crecimiento de nuestro comercio internacional y garantiza que el mismo se hará de forma transparente y de acuerdo a los dictámenes de la Justicia. Por dicho motivo, es importante que nuestro pedido haya sido tenido en cuenta y se hagan todas las presentaciones ante la Justicia que dará lugar para que pasemos de las meras palabras, rumores y suposiciones a los hechos concretos que no son otros que el dragado y profundización de la vía navegable.
Será una contribución importante para concluir cualquier demora que el Uruguay conteste el exhorto de la justicia argentina y, además, se permita a la Corte Suprema argentina juzgar el accionar del Embajador Bustillo en la causa por contrabando en la que se encuentra involucrado”, finaliza diciendo el comunicado de la cancillería argentina.
En un comunicado anterior el ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina,había expresado que: “Si el gobierno uruguayo desea, realmente, investigar los actos que involucran al Embajador Bustillo y la empresa Riovía podría empezar a preguntarse porqué a pocos días de finalizar los pliegos para el llamado a la primera licitación internacional para la profundización del canal aparecen centenares de artículos sobre un supuesto intento de coima (soborno) que de haber ocurrido lo fue dos años antes y al cual ni el embajador Bustillo ni el canciller Almagro jamás se refirieron ni enviaron a la justicia ni consideraron importante comunicarlo a las autoridades argentinas”.
Riovía hará juicio por sentirse perjudicada
En declaraciones al diario EL PAÍS de Montevideo, una fuente de la empresa señaló: “Somos un daño colateral del tiroteo entre dos países”. Así se defiende Riovia de la situación en la que se encuentra la empresa en el conflicto bilateral que ha generado el dragado del canal Martín García.
La concesionaria de las obras en el canal está bajo sospecha de haber intentado sobornar al embajador Francisco Bustillo, presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), para lograr un nuevo contrato, algo que niega en forma tajante.